La gestión de la educación pública forma parte habitual de los debates en torno al financiamiento y gestión estatal de recursos, y se profundiza en años electorales. De cara a las Presidenciales de octubre, han surgido diversas propuestas por parte de los candidatos sobre la administración de las escuelas en el país.
Una de ellas es la del “sistema de vouchers” que el espacio de Libertad Avanza tiene dentro del programa de gobierno, y que promociona ante los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de una iniciativa que se llevó adelante en otros países entre los años 80 y 90. En Argentina, se abren preguntas sobre su aplicabilidad de acuerdo al marco normativo vigente y los efectos de experiencias previas en América Latina.
Radio UNNE dialogó con Alejandro Morduchowicz, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con estudios de posgrado en Economía en el Instituto Torcuato Di Tella. Además, es consultor y docente en la Unesco y está especializado en Economía y Financiamiento de la Educación.
Morduchowicz abordó la experiencia de “cupones educativos” en Nicaragua, país que aplicó este sistema de manera progresiva desde 1993 y a principios de los 2000 debió volver al sistema de educación pública y gratuita en sus ciclos básicos, tras comprobar que profundizaba la brecha educativa y generaba mayor merma de acceso a los ciclos básicos.
El economista detalló que el funcionamiento de los vouchers implica que, por cada hijo o hija, una familia recibe un cupón que le daría la posibilidad de elegir la escuela a la que asistiría. La institución dispondría de los cupones de cada estudiante para canjearlos a la administración central y así obtener dinero para salarios docentes, recursos e infraestructura.
Las escuelas pasarían a tener una lógica de mercado, rigiéndose bajo el sistema de oferta y demanda: “La idea que subyacía era que las escuelas iban a competir por los alumnos, entonces iban a mejorar la calidad de los aprendizajes, de los servicios educativos, etc. Es decir, iban a querer tener más alumnos para tener más recursos para poder usar. Si no le alcanza para garantizar la gestión, esa escuela deberá cerrar”.
Morduchowicz explicó que, en la teoría, el sistema de vouchers obligaría a las escuelas a mejorar su proyecto institucional para captar alumnos. Sin embargo, en la práctica del caso nicaraguense los escasos recursos que el Estado llegaba a proporcionar a las escuelas llevó a las instituciones a solicitar contribuciones monetarias a las familias para solventar salarios. Así, los estratos socioeconómicos más pobres se vieron expulsados de la posibilidad de acceder a la educación básica.
“La escuela en Argentina ha ido cumpliendo un rol subsidiario, más vinculado al servicio asistencial que de lo educativo, un rol más de contención que de instrucción; es eso lo que se debe recuperar”, dijo el especialista.
“La de Nicaragua no es una historia con final feliz. En plena década del 90, mientras la cobertura educativa crecía en toda América Latina, Nicaragua estaba perdiendo alumnos porque los pobres no podían pagar ese aporte voluntario que les solicitaban. En el 2007 se vieron en la obligación de derogar los vouchers y volver a centralizar la gestión educativa”, detalló el economista.
El especialista remarcó la importancia de reflexionar sobre la propuesta de cupones más allá de la gestión de recursos: “Hay un efecto sociológico para observar, qué es la posible segregación escolar. A mediano y largo plazo tendría un grave problema de cohesión social su aplicación. No es solo un tema de eficiencia, sino que se corre el riesgo de tener una sociedad invivible; o una sociedad que ninguno de nosotros queremos para nuestros hijos o para nuestros nietos o para el futuro”.
¿Se puede aplicar en Argentina?
Otro eje de una propuesta de gestión educativa a través de vouchers es sus posibilidades de aplicación efectiva en nuestro país. La Constitución Nacional, desde 1953, dictamina que la gestión escolar y sus recursos están a cargo de las provincias. Argentina no tiene un régimen centralizado que permita al Poder Ejecutivo poner en marcha un sistema de cupones de estas características.
“El Gobierno Nacional no tiene escuelas. La única forma de lograr algo así sería a través de acuerdos, en última instancia, con las provincias. Y habría que ver, ya en una esfera política, qué provincia estaría dispuesta o interesada en algo así”, opinó el especialista. Sin un consenso, la vía de aplicación implicaría una modificación de la legislación educativa vigente en Argentina con el respaldo del Congreso de la Nación y los diferentes espacios partidarios.
Morduchowicz consideró que las futuras gestiones de la educación pública deberían aprovechar el crecimiento que tuvo en las últimas décadas la cobertura de la educación secundaria, pero también reconoció que las instituciones educativas atraviesan momentos críticos: “la escuela en Argentina ha ido cumpliendo un rol subsidiario, más vinculado al servicio asistencial que de lo educativo, un rol más de contención que de instrucción; es eso lo que se debe recuperar”.
