El Senado de la Nación tratará este jueves 6 de agosto, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que propone cambios en el régimen de tierras rurales, las expropiaciones, los desalojos y las áreas afectadas por incendios. En diálogo con Radio UNNE, el constitucionalista Pablo Manili cuestionó la iniciativa y advirtió sobre los posibles efectos de algunos de sus capítulos.
La Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei por medio del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien envió el proyecto y propuso cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de manejo del fuego.
El oficialismo intentó tratar la iniciativa en varias oportunidades, pero hasta ahora no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobarla. Esto ocurrió pese a que La Libertad Avanza había aceptado modificar algunos puntos, entre ellos, el límite nacional para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras intentar eliminar el 15% que regía, aceptó fijar un porcentaje máximo, aunque pasando del 15 al25%.
Sin embargo, al no lograr los votos necesarios y ante la creciente presión social que alista una marcha nacional, el oficialismo decidió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.
No obstante, el resto del proyecto será debatido este jueves en una sesión prevista para las 14 hs, luego del cuarto intermedio del mes pasado. En contrapartida, organizaciones sociales que rechazan la iniciativa advierten que implica una “cesión de soberanía inadmisible” y convocaron a movilizarse este jueves 6 de agosto, durante el debate legislativo. En la ciudad de Corrientes, la concentración será a las 16 en la Plaza 25 de Mayo, mientras que en Resistencia se realizará desde las 17, frente al Mástil de la avenida 9 de Julio. La convocatoria propone asistir con banderas argentinas, carteles y mate bajo la consigna de defender la historia, los derechos y los bienes comunes para las próximas generaciones.
Bajo este marco, Radio UNNE dialogó con el doctor en Derecho y abogado constitucionalista, Pablo Manili quién analizó el proyecto y cuestionó la relación de su denominación y el contenido de los capítulos que lo integran. “Cuando una ley tiene un título grandilocuente hay que desconfiar. Además, el título no se condice con su contenido porque no protege la propiedad privada, y además la misma ya goza de protección constitucional desde 1853, y no hace falta repetirlo”, sostuvo.
Según explicó, la iniciativa reúne disposiciones de diferentes áreas del derecho. En ese sentido, consideró que la estructura del proyecto presenta dificultades desde el punto de vista de la técnica legislativa. “Tienen un capítulo de derecho administrativo, uno de derecho civil, uno de derecho estatal, uno de derecho ambiental y uno de derecho registral. Es decir, es un popurrí de cosas con un título grandilocuente”, indicó.
En primera instancia, el doctor citó el primer capítulo referido a los procesos de expropiación y señaló que las modificaciones previstas tendrían un alcance limitado. “El primer capítulo es una especie de maquillaje para los procesos de expropiación que funcionan bien hace 50 años y nunca tuvo un problema”, afirmó.
«El título (de la ley) no se condice con su contenido porque no protege la propiedad privada, y además la misma ya goza de protección constitucional desde 1853, y no hace falta repetirlo”.
También se refirió al segundo capítulo que introduce cambios en los procedimientos de desalojo para recuperar inmuebles. Si bien indicó que la reforma buscaría acelerar los procesos, remarcó que al tratarse de normas procesales, su aplicación correspondería a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, “un capítulo local que sólo rige en la Capital Federal y está metido en una ley nacional, es de una desprolijidad enorme”, cuestionó. Además, agregó que este segundo capítulo, “es apenas un maquillaje a la demanda de desalojo, la puede acelerar un poco modificando el procedimiento, pero no es algo trascendente”.
Capítulo 3 y 4: Límites a la extranjerización de tierras
Uno de los puntos más polémicos y peligrosos tienen que ver con el capítulo 3 y 4, dado que para el constitucionalista, uno de los principales interrogantes se concentra en los capítulos vinculados con la normativa sobre la extranjerización de tierras rurales y el régimen de protección de áreas incendiadas. “Los capítulos 3 y 4 son los más peligrosos, ya que habilitan un gran retroceso y posibles negociados que desconocemos”, expresó.
“Los capítulos 3 y 4 son los más peligrosos, ya que habilitan un gran retroceso y posibles negociados que desconocemos”.
En relación con la legislación sobre tierras rurales, Manili sostuvo que el proyecto modificaría de manera sustancial el esquema vigente, creado para establecer límites a la participación extranjera en la propiedad de tierras. “El capítulo 3 deroga la ley de tierras rurales, que ya fue sancionada en 2011 por amplia mayoría de todos los partidos políticos para proteger el territorio nacional de su extranjerización, citando como ejemplo al Sr. Lewis con la apropiación de Lago Escondido”, agregó.
Bajo este aspecto, el especialista mencionó que la ley sancionada ya decía que “ningún extranjero por medio de una empresa, ni por medio de una sociedad o testaferro pueden tener más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal. Y eso sucede porque si vos querés vender un municipio entero, podes hacerlo sin llegar al 15 % de la provincia”.
El especialista también fue consultado por el artículo 20 de la CN que hace mención a los derechos civiles de los extranjeros en el país. Y precisó que “en el sistema constitucional argentino no existen derechos absolutos, en todo el mundo existen limitaciones en la compra de tierras por parte de extranjeros, ejemplos son Brasil, México, Canadá, Francia, incluso el Derecho Internacional Público que regulan los derechos de los extranjeros en áreas estratégicas”. Desde su interpretación, este reconocimiento no implica que el acceso a la propiedad de la tierra carezca de regulaciones.
“No hay derecho absoluto en el sistema constitucional. En este caso, la limitación de las tierras no era tan estricta porque permitía el 15% y hoy en la actualidad los extranjeros tienen 5%. O sea, que aún con la ley vigente que no parece ser tan estricta, se podía seguir comprando un 10% más el territorio. En síntesis, no hacía falta modificarla”, agregó.
Y, en este aspecto, el letrado compartió una reflexión interesante sobre el interés de compra de tierras: “Hay un negociado más de todo lo que parece ser evidente, porque lo que hay detrás realmente, lo que se necesita es un mundo donde las tierras y el agua son cada vez más necesarios. Y en este momento necesitan nuestra Patagonia, tierras, agua y frío porque quieren poner herramientas informáticas en base al manejo de nuestros recursos. Es decir, grandes servers para hacer inteligencia artificial, que son computadoras enormes que trabajan las 24 horas y que necesitan sellarse con el frío y con el agua. Es por esto que hacen estas modificaciones”.
«Necesitan nuestra Patagonia, tierras, agua y frío porque quieren poner herramientas informáticas en base al manejo de nuestros recursos».
“Digámoslo con todas las letras sin eufemismos, esto es ponerle el cartel de venta al país. Es horrible y peligroso”, agregó.
La protección de las tierras incendiadas como otro punto de discusión
El cuarto capítulo del proyecto también genera cuestionamientos por los cambios que propone sobre la normativa vinculada con las tierras afectadas por incendios. De acuerdo con Manili, la iniciativa modificaría las restricciones vigentes sobre la venta o el cambio de uso de superficies incendiadas.
“El capítulo 4 elimina la ley de fuego, que impedía la enajenación de tierras incendiadas durante 60 años. Esta ley ya tiene más de una década y es sancionada por el consenso de todas las fuerzas políticas y básicamente dice que, cuando una tierra se incendia, sea un bosque nativo, un humedal, campo, etc, el dueño no puede venderlo ni cambiarlo ni hacer un proyecto por seis décadas”, indicó.
“Eso también lo quieren modificar porque obviamente debe haber un negocio atrás de alguna de las tierras incendiadas recientemente. O sea, no es casual que este verano se hayan quemado cientos de miles de hectáreas y que ahora presenten este proyecto de ley. No seamos ingenuos. Hay un goce de la ley”, reforzó.
El abogado consideró que una modificación de ese tipo podría representar un retroceso en materia ambiental y sostuvo que el análisis de una eventual inconstitucionalidad debería realizarse sobre cada disposición en particular. “Mezclar distintas materias no vuelve inconstitucional a toda la ley. La inconstitucionalidad debe analizarse artículo por artículo”, concluyó.
«Esto es ponerle el cartel de venta al país. Es horrible y peligroso”.
