El abogado especializado en IA Facundo Barrios analizó en RADIO UNNE los desafíos regulatorios que atraviesan a la Inteligencia Artificial en el mundo y en Argentina. Alertó sobre el uso masivo de datos personales, la falta de marcos específicos en el país y el rol clave que deberá asumir el Estado frente al avance de estas tecnologías al ser trasnacionales.
En el especial de Radio UNNE sobre Inteligencia Artificial, dialogamos con Facundo Barrios, abogado experto en IA, quien dio un panorama sobre los marcos regulatorios que existen a nivel mundial de esta nueva herramienta que se ha incorporado de manera vigorosa en la vida cotidiana. “Existe una especie de nebulosa sobre la regulación de este tipo de tecnologías, dado que las IA son un campo difícil de legislar o regular porque excede fronteras nacionales”, aclaró desde el inicio el profesional
El abogado trazó un panorama sobre las discusiones regulatorias que hoy se desarrollan a nivel global y analizó en particular la situación argentina. Para el especialista, el principal problema radica en que estas plataformas operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones y muchas veces resulta imposible determinar con precisión dónde están alojados los servidores o quiénes controlan efectivamente los datos.
“Estas nuevas tecnologías no son 100% nacionales. No sabemos dónde están los creadores de esta tecnología, entonces, la situación de la regulación se complejiza”, explicó.
Europa y Estados Unidos, los pioneros en materia de regulación
En la mesa de debate se nombró a la Unión Europea y Estados Unidos como los primeros modelos de regulación en el mundo en relación a esta área, aunque con enfoques muy distintos. Mientras Europa avanzó hacia modelos más restrictivos y centrados en la protección de derechos de los usuarios, Estados Unidos prioriza esquemas más flexibles vinculados al mercado y la innovación.
“A nivel global, los que más se han animado a regular este tipo de cuestiones son los europeos”, indicó. Según explicó, el modelo europeo clasifica las inteligencias artificiales en distintos niveles de riesgo: aquellas consideradas inocuas prácticamente no tienen regulación, mientras que las de alto riesgo quedan sujetas a mayores controles estatales.
“Han regulado las inteligencias artificiales por pasos. Las tecnologías que presentan algún tipo de riesgo para la población ameritan una mayor presencia gubernamental respecto a la regulación”, detalló.
“Han regulado las inteligencias artificiales por pasos. Las tecnologías que presentan algún tipo de riesgo para la población ameritan una mayor presencia gubernamental respecto a la regulación”.
En ese sentido, destacó que la regulación europea también incorpora una dimensión ética vinculada a la privacidad y el consentimiento en el uso de datos personales. “La Unión Europea establece un sistema también de ética, de saber hasta dónde llegar con el uso de esta tecnología”, afirmó.
Ley de consumidor como antesala de la regulación en Argentina
Consultado sobre el escenario nacional, Barrios remarcó que Argentina aún no cuenta con una legislación específica sobre inteligencia artificial y que, por el momento, prevalece una estrategia que solamente está orientada a atraer inversiones tecnológicas.
“Latinoamérica está en un híbrido. Chile, por ejemplo, ha avanzado en la regulación. Sin embargo, Argentina está en una etapa que prefiere captar inversiones que vienen de afuera, dado la posición que ocupa el gobierno nacional con países del norte”, señaló.
Como antecedente central, Argentina solo cuenta con la ley de defensa del consumidor que son los únicos marcos que funcionan como protección frente a eventuales abusos tecnológicos. “Tenemos una ley del derecho al consumidor que fue muy moderna e innovadora en su momento y es la que podría brindar un paraguas a los damnificados usuarios individuales”, sostuvo.
“Tenemos una ley del derecho al consumidor que fue muy moderna e innovadora en su momento y es la que podría brindar un paraguas a los damnificados usuarios individuales”.
Además, recordó un reciente fallo judicial que limitó el uso masivo de datos por parte del Estado, decisión que consideró un antecedente relevante para el futuro de la regulación tecnológica en el país. “La justicia prohibió al gobierno usar datos de los ciudadanos de manera masiva . Esto ya está marcando un parámetro respecto a la utilización de datos de las personas”, explicó.
IA y el peligro de la transferencia de datos personales
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la preocupación por el manejo de datos personales en la Inteligencia Artificial. Barrios advirtió que muchas personas entregan información sensible sin ser plenamente conscientes de ello. “Cuando alguien usa uno de estos sistemas conversacionales, ya sea ChatGPT u otros, estamos brindando información muchas veces que no accedimos a brindar”, alertó.
Según explicó, el problema se agrava porque los usuarios desconocen qué ocurre posteriormente con esos datos: dónde se almacenan, quién los procesa y con qué finalidad son utilizados. En ese marco, mencionó la postura reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del consentimiento informado y la protección de datos sensibles.
“La Corte estableció una regla básica que es que no se van a poder utilizar datos si los mismos no son autorizados por los usuarios”, indicó. Y agregó: “Si el gobierno necesita utilizar esos datos, tiene que brindar una debida información a todos los ciudadanos para saber cómo se están usando los mismos”.
“La Corte estableció una regla básica que es que no se van a poder utilizar datos si los mismos no son autorizados por los usuarios”.
Para Barrios, el máximo tribunal está enviando un mensaje claro contra los denominados sistemas de cajas negras, es decir, aquellos mecanismos tecnológicos cuyos procesos internos resultan opacos incluso para los propios usuarios y que no aclara qué se está haciendo con los datos sensibles.
Inteligencia artificial y el ejercicio profesional
La expansión de estas herramientas también abrió interrogantes en ámbitos profesionales y judiciales. Durante la entrevista, Barrios hizo referencia a casos recientes donde abogados y funcionarios fueron cuestionados por utilizar inteligencia artificial de manera irresponsable, incluyendo presentaciones judiciales con fallos inexistentes generados por sistemas automatizados.
“Vivimos en un mundo interconectado y tenemos que entender que este tipo de tecnologías ya están insertas en nuestra vida cotidiana. Los estudiantes usan inteligencia artificial y luego llegan a los juzgados con estas herramientas”, enfatizó. No obstante, consideró que la respuesta no debe ser la prohibición absoluta, sino la construcción de criterios éticos y mecanismos de control profesional ante el uso de la herramienta.
“El rol principal de los colegios profesionales debe ser establecer parámetros de control y no de prohibición. Estas tecnologías no pueden tomar decisiones por sí mismas dado que son sistemas autónomos de procesamiento. Por eso es natural que existan errores y ahí aparece la responsabilidad del profesional como veedor”, aseguró.
“El rol principal de los colegios profesionales debe ser establecer parámetros de control y no de prohibición».
El desafío latinoamericano y el rol de las universidades
Más allá de las limitaciones económicas y tecnológicas de la región, Barrios consideró que América Latina puede desempeñar un papel estratégico en la discusión global sobre inteligencia artificial.
“Latinoamérica puede brindar al mundo el conocimiento y los recursos humanos. Esto va a generar un plus y diferencia respecto a las inversiones tecnológicas”, señaló. Según explicó, la región no posee la infraestructura tecnológica de Estados Unidos, Europa o Asia, pero sí cuenta con capacidad académica y profesional para pensar críticamente el impacto de estas herramientas.
Consiguientemente, ponderó el rol del Estado como ente regulador de estas plataformas e hizo una pregunta clave: “Si estas son cuestiones de mercado, el cual no tiene límites ni fronteras, ¿cómo el Estado puede proteger a sus ciudadanos?”. Y explicó que, en función de la respuesta más acorde al país donde se producirá esta regulación, podría ir por una normativa más restrictiva basada en el modelo europeo o de corte norteamericano, si se propone una competencia de mercados.
“Latinoamérica puede brindar al mundo el conocimiento y los recursos humanos. Esto va a generar un plus y diferencia respecto a las inversiones tecnológicas”.
En ese sentido, reivindicó el rol de las universidades públicas, su masa crítica en permanente construcción y destacó el desarrollo tecnológico existente en distintas regiones del país, incluyendo el Nordeste argentino. “La Universidad Nacional del Nordeste tiene desarrollo de inteligencia artificial y fomento de proyectos tecnológicos muy importantes. Además, tienen un rol clave en la formación de recursos humanos necesarios para plantear teorías que van a aplicar nuestros jueces”, aseguró.
También mencionó la consolidación de polos tecnológicos en Córdoba, Buenos Aires, la Patagonia y el Nordeste, vinculados incluso con ecosistemas regionales de Brasil y Paraguay. “Argentina está en una posición clave para decidir qué se va a hacer con este tipo de herramientas no sólo desde la ética, sino en el mundo del trabajo, comercio y el tipo de economía que perfila”, concluyó.
“La Universidad Nacional del Nordeste tiene desarrollo de inteligencia artificial y fomento de proyectos tecnológicos muy importantes. Además, tienen un rol clave en la formación de recursos humanos necesarios para plantear teorías que van a aplicar nuestros jueces”.
