Radio UNNE dialogó con Laura Victoria Bonhôte, abogada especializada en infancia y adolescencia, sobre el procedimiento de activación del sistema federal de búsqueda de menores de edad. Remarcó la importancia del involucramiento de la ciudadanía y brindó detalles de cómo puede mejorarse la eficacia de su implementación en Argentina.
“Una de las principales cuestiones que tenemos que tratar de visibilizar es cómo activarla. Es clave que la ciudadanía entienda que los tiempos de denuncia son importantísimos. Es un mito que hay que esperar 24 horas para poder formular la desaparición de una persona. Cualquier situación de extravío o desaparición tiene que ser inmediatamente informado”, aseguró la letrada.
Bonhôte indicó que las denuncias pueden realizarse ante diferentes organismos, como ser comisarías, fiscalías y juzgados. Además, precisó que también se puede realizar una denuncia telefónica a través de la línea 134 que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación y recibe alertas anónimas. De esta manera, se abre camino la implementación del “Alerta Sofía”.
Esta es la denominación que recibe un sistema de alerta de emergencia de carácter federal. El mismo coordina la inmediata búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente. Además, funciona como parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
“Es necesario avanzar en la desjudicialización de ciertas instancias, así como en la capacitación para los organismos receptores de denuncias, de modo de que el sistema de alertas sea más ágil».
Una vez activada la Alerta Sofía, se inicia un trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, entre otros.
Bonhôte precisó que cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente del vínculo con el menor, puede realizar una denuncia de este tipo, por primar el interés superior del niño o niña. Además, también se trata de una articulación prevista en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la abogada especificó que para la activación del Alerta Sofía debe haber en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente.
“La problemática que tenemos es la cantidad de organismos que intervienen. Esto involucra los tiempos administrativos y judiciales de diferentes entidades».
En este sentido, Bonhôte instó a la reflexión sobre cómo mejorar la eficacia y los mecanismos de búsqueda de menores y relató experiencias de otros países en donde la instancia judicial no es condicionante para la puesta en funcionamiento de la herramienta de difusión masiva de las imágenes del niño o niña.
“Es necesario avanzar en la desjudicialización de ciertas instancias, así como en la capacitación para los organismos receptores de denuncias, de modo de que el sistema de alertas sea más ágil. El aval de una autoridad judicial muchas veces tiene demoras en las horas más claves”, señaló Bonhôte.
“La problemática que tenemos es la cantidad de organismos que intervienen. Esto involucra los tiempos administrativos y judiciales de diferentes entidades. Si bien es invaluable como herramienta, y así lo comprueban las estadísticas de nuestro país sobre su eficacia, lo que vemos es que la articulación de tantos organismos a veces deviene en demoras burocráticas”, sostuvo.
Según se indica en la base de datos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hay siete niños y niñas menores de seis años desaparecidos o extraviados en todo el país. Por otra parte, en el listado de Missing Children Argentina figuran 115 niños, niñas y adolescentes que aún siguen desaparecidos y al menos 40 de ellos ya superaron la mayoría de edad.
“Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces escuchamos situaciones de niños, niñas y adolescentes que han formulado denuncias no de desaparición sino de maltrato, y se han encontrado con trabas y no se les recepta la posibilidad de denunciar. Es importante que se articulen los programas nacionales con los organismos de protección provinciales, que pueden tener o cruzar información ya que muchas desapariciones se dan en contexto de maltrato o violencia intrafamiliar”, expresó Bonhôte.
