Ante una reciente respuesta negativa de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste denuncia que ya son tres las instancias judiciales que negaron a la institución el acceso a la justicia por afrentas a su Consejo Superior. La disputa se da en marco de una causa contra una ex funcionaria universitaria que agravio a las autoridades y a la comunidad universitaria toda, al comparar una decisión del cuerpo -que no beneficiada a una familiar suya-, con quienes impulsaron la última dictadura militar argentina. La Universidad reclama el desagravio y reparación institucional. “La UNNE no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria”, aseguran.
El 28 de agosto de 2024, durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste —el máximo órgano de gobierno de nuestra institución, integrado por los representantes de todos los claustros universitarios—, una exfuncionaria universitaria publicó en su cuenta personal de la red social Facebook el registro audiovisual de esa sesión, acompañado de la leyenda: «Que hermosura la democracia en nuestras universidades. Me hace acordar a Videla». En el hilo de comentarios de esa misma publicación, respondió a otro usuario que si consideraba que un concurso había sido resuelto legalmente es porque «no conocés los detalles o estás metido en el robo».
La autora de esas expresiones, doctora en Recursos Naturales e ingeniera agrónoma, se había desempeñado durante años como Secretaria General de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UNNE. Su vinculación personal directa con el resultado de un concurso administrativo ventilado en esa misma sesión —cuya ganadora era una persona distinta a su nuera— resulta indisociable del contexto en que las expresiones fueron vertidas.
Los dichos cuestionados contienen dos tipos de imputaciones de extraordinaria gravedad. El primero equipara a las autoridades universitarias democráticamente constituidas con Jorge Rafael Videla, dictador condenado por homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, reducción a servidumbre, supresión de identidad de menores, y un número incalculable de crímenes de lesa humanidad, en el marco del plan sistemático de terror estatal que devastó a la comunidad universitaria argentina —y en particular a la de la UNNE— entre 1976 y 1983. El segundo imputa lisa y llanamente la comisión del delito de robo a los integrantes del Consejo Superior.
El daño y la reacción institucional
Las expresiones publicadas produjeron una honda conmoción en los miembros del Consejo Superior. En sesión extraordinaria del 11 de septiembre de 2024, ese cuerpo colegiado adoptó la Resolución N.° 788-CS-2024, por la que autorizó al Rector a solicitar, por intermedio de la Secretaría General Legal y Técnica, el desagravio institucional a través de las instancias legales que correspondan.
La gravedad del agravio no puede comprenderse sin hacer memoria. La UNNE tiene nombres y apellidos concretos de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado: estudiantes detenidos-desaparecidos, docentes expulsados, investigadores exiliados, familias destrozadas. El Rector y varios Decanos tomaron la palabra en aquella sesión del 11 de septiembre para recordar experiencias personales y colectivas vinculadas al terror dictatorial: la historia del estudiante Juan José Cabral, los murales en defensa de la memoria, la entrega de legajos a familias que durante décadas no supieron qué había sido de sus seres queridos. Comparar la actuación democrática del Consejo Superior con esa historia no es solo una injuria: es una banalización de crímenes de lesa humanidad que hiere a una comunidad entera.
La gravedad del agravio no puede comprenderse sin hacer memoria. La UNNE tiene nombres y apellidos concretos de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado: estudiantes detenidos-desaparecidos, docentes expulsados, investigadores exiliados, familias destrozadas.
Remitida la carta documento intimando a cesar y rectificar, sin respuesta satisfactoria de la destinataria, la Universidad promovió demanda civil de daños y perjuicios ante el Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes, reclamando cinco millones de pesos —con afectación específica a la edición y distribución gratuita de la serie «40 Años de Democracia» de la editorial EUDENE— y la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional.
El derrotero judicial: tres instancias, una misma negativa
La causa registrada bajo el N.° FCT 4697/2024 transitó tres instancias federales, y en todas ellas la pretensión de la Universidad fue rechazada. El fundamento central y recurrente fue la ausencia de legitimación activa de la UNNE como persona jurídica para reclamar daño extrapatrimonial.
El Juzgado Federal N.° 1, con sentencia interlocutoria del 3 de junio de 2025, hizo lugar a la excepción previa de falta de legitimación activa opuesta por la demandada.
Apelada esa sentencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, confirmó el pronunciamiento de primera instancia. El tribunal de alzada sostuvo que la UNNE, en tanto persona jurídica de derecho público, no puede invocar la afectación en sus sentimientos, afectos u honor como consecuencia de un hecho ilícito, porque su existencia es puramente ideal para cumplir los fines de su creación, y que los derechos personalísimos son innatos de las personas físicas. También rechazó la presentación del Rector en carácter personal por entender que alteraba la litis ya trabada.
Finalmente, mediante resolución del 26 de mayo de 2026 —, ese mismo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la UNNE, al considerar que los agravios expresados no configuraban una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino una mera discrepancia con la valoración efectuada por los jueces de la causa.
La posición institucional de la universidad
La Universidad Nacional del Nordeste lamenta profundamente la decisión de la Justicia Federal. No se trata de una discrepancia técnica con el razonamiento de los tribunales intervinientes sobre los requisitos de admisibilidad del daño extrapatrimonial. Se trata de algo más hondo: la convicción de que, cuando se compara democráticamente a autoridades universitarias con un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad, alguien debe poder pedir cuenta de ello ante los jueces. Ese alguien debería poder ser también la institución herida.
Las decisiones de la justicia federal dejan sin respuesta una pregunta que la sociedad debería hacerse: ¿puede una institución universitaria pública, cuya comunidad fue literalmente diezmada por la dictadura, permanecer sin acceso a la justicia cuando se la compara con el jefe de esa dictadura?
La respuesta que la jurisdicción interviniente dio, es que no. Que la persona jurídica universidad, aunque sea la sede viva de una memoria colectiva, no tiene ese camino abierto.
Esa respuesta es, para la UNNE, insuficiente. Y esa insuficiencia merece ser dicha con claridad, con la misma claridad con que esta institución ha sabido siempre nombrar lo que la lastima.
Las decisiones de la justicia federal dejan sin respuesta una pregunta que la sociedad debería hacerse: ¿puede una institución universitaria pública, cuya comunidad fue literalmente diezmada por la dictadura, permanecer sin acceso a la justicia cuando se la compara con el jefe de esa dictadura?
El contexto que hace más visible la paradoja: cincuenta años del golpe y la reparación de los legajos
Esta decisión judicial llega en un año de singular significación histórica. En 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que interrumpió la vigencia de la Constitución Nacional e instauró en Argentina el más atroz régimen de terrorismo de Estado de su historia. En ese contexto, la UNNE no ha permanecido pasiva.
En el año 2025, mediante la Resolución N.° 1448-REC-UNNE, el Rectorado de la Universidad constituyó una Comisión integrada por la Cátedra Libre de Derechos Humanos, la Secretaría General Legal y Técnica y la Secretaría General Académica —junto con representantes de las Unidades de Derechos Humanos de las Fiscalías Federales de Chaco, Corrientes y Formosa— con la misión de llevar adelante la reconstrucción, reparación y rectificación simbólica e histórica de los legajos de los estudiantes y docentes de la UNNE que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1974 y 1983.
Esa resolución ordena inscribir en los legajos afectados la frase: «debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la Docencia por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado». Es un acto de verdad institucional. Un reconocimiento de que aquellas personas no abandonaron la Universidad: fueron arrancadas de ella.
La lista de víctimas que integran esos legajos tiene nombres y apellidos. Tiene rostros. Tiene historias. Tiene familias que durante décadas guardaron silencio o clamaron en el vacío. La UNNE los nombra. Los reconoce. Les devuelve, en la medida en que puede, algo de lo que les fue robado.
Es precisamente en ese marco de compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia donde la comparación de los integrantes del Consejo Superior con el dictador Videla resulta no solo injuriosa para las personas afectadas, sino profundamente agraviante para toda la institución y su comunidad. Y es en ese mismo marco donde la imposibilidad de obtener una respuesta judicial satisfactoria resulta especialmente dolorosa.
Reflexión final
La Universidad Nacional del Nordeste es una institución autónoma y autárquica, constitucionalmente protegida, cuya razón de ser es la generación y transmisión del conocimiento en un clima de libertad, justicia e igualdad. Su Consejo Superior es el órgano máximo de ese gobierno universitario democrático: en él se sientan los representantes de docentes, graduados, estudiantes y no docentes, electos por sus propios claustros. Insultar su funcionamiento democrático con la imagen de un genocida condenado no es crítica: es vejación.
La UNNE no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria. Tampoco renuncia a su compromiso con los derechos humanos, con la democracia constitucional y con la preservación activa de la memoria de quienes sufrieron el terrorismo de Estado.
La decisión judicial que hoy se comunica cierra, al menos por el momento, la vía jurisdiccional intentada. Pero no cierra la convicción de esta Universidad: la libertad de expresión no es la libertad de injuriar. Y la banalización del horror no puede quedar, siempre y en todo caso, sin consecuencias.
La UNNE no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria. Tampoco renuncia a su compromiso con los derechos humanos, con la democracia constitucional y con la preservación activa de la memoria de quienes sufrieron el terrorismo de Estado.
