La Universidad Nacional del Nordeste, por medio del Centro de Estudios Sociales (CES), participa del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA), una red de investigación sobre las dinámicas de desigualdad en la estructura social de Argentina según clases sociales, diversidad regional y de género. En ese marco, se vienen difundiendo informes preliminares con datos sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional, y al primero sobre la Ley Bases se suma ahora uno relacionado al tema alimentación.
El trabajo del equipo de investigación a cargo de la investigadora del programa y profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Verónica Maceira, se denomina “La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase”, y según la ficha técnica, se trabajó durante abril-mayo 2024, sobre una Encuesta Nacional de Estructura Social y Políticas de Igualdad, se realizó un relevamiento en base a encuesta probabilística presencial, con 1.500 casos, de individuos de 18 a 69 años.
“Ajustados y endeudados”, es el título de la publicación que sigue a continuación:
A pocos meses del inicio del mandato de Javier Milei, con 80 puntos acumulados de inflación entre diciembre y abril (IPC-INDEC), y sin recuperación salarial, ¿cómo ha afectado la caída de los ingresos a las condiciones de vida de la población?.
Un estudio reciente del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA) aporta evidencias sobre la percepción de estos temas entre las y los ciudadanos de las distintas clases y estratos sociales de todo el país. La investigación identifica que 4 de cada 10 encuestados y encuestadas refiere haber tenido dificultad para afrontar gastos corrientes en estos meses, y una proporción similar informa el uso de ahorros o algún tipo de endeudamiento durante el período.
El trabajo, cuyo segundo adelanto se difunde en estos días, se basa en la Encuesta sobre Estructura Social y Políticas de Igualdad en Argentina, un relevamiento probabilístico presencial de 1500 casos a nivel nacional, implementado entre abril y mayo. Reunió en su realización a investigadores e investigadoras de ciencias sociales de doce universidades nacionales de todo el país.
Los rubros de gasto que involucraron mayor dificultad para las familias son el pago de tarjetas de crédito (13,1%), de servicios básicos (electricidad, luz y agua, en un 19,7% de los hogares) y comunicaciones (internet y telefonía móvil, 23,4%). Esta última información resulta consistente con las mediciones oficiales, en la medida que se trata de tópicos donde el aumento de precios está incluso por encima de la media del período, con un incremento del 94,5% acumulado desde diciembre a abril para la vivienda y sus servicios y del 136,8% acumulado en el caso de las comunicaciones (IPC-INDEC).
La reducción del ingreso está afectando a hogares de distintas clases y estratos, pero lo hace con desigual intensidad. De acuerdo con los indicadores de la encuesta, esta crisis inducida profundiza las desigualdades sociales preexistentes y son los hogares de los estratos más relegados de la estructura social quienes presentan mayor dificultad para afrontar sus gastos corrientes. En el caso de los hogares cuyo principal sostén es un cuentapropista no profesional, el porcentaje se incrementa al 46,6% y al 63,3% en los hogares de los asalariados no registrados.
Sin desmedro de lo anterior, el fuerte atraso de la negociación salarial frente a la aceleración inflacionaria se hace sentir también especialmente en los segmentos más consolidados del asalariado. En esa dirección, la encuesta constata cómo el empobrecimiento se expresa, al nivel del gasto de los hogares, entre la clase trabajadora formal y también entre los asalariados profesionales, estos últimos más afectados en la coyuntura que el resto de los sectores medios. En estos hogares, un 39% y un 37% respectivamente, ha dejado de pagar uno o más gastos corrientes.
¿Cómo enfrentan los hogares estas restricciones? La disminución del consumo, el uso de ahorros propios y el endeudamiento constituyen una estrategia combinada frente a la embestida inflacionaria, reforzada en los segmentos de menores recursos.
En el marco de un incremento en el precio de los alimentos del 78,5% acumulado entre diciembre y abril (IPC-INDEC) y de la política de suspensión de asistencia alimentaria directa por parte del Estado nacional (que afecta particularmente a los hogares de los barrios populares), la restricción en la ingesta en las principales comidas resulta un indicador relevante del ajuste. En el 17% de los hogares, los adultos dejaron de comer o ingieren menos alimentos, mientras que en el 10,6% del total se redujo la cantidad de alimentos servidos a las y los niños en alguna de las comidas, indicador éste de situaciones de extrema necesidad familiar. Los hogares de los sectores más relegados muestran nuevamente indicadores más severos: entre los asalariados precarios, el ajuste alimentario alcanza al 41,5% de los adultos del hogar y al 32,3% de los niños y niñas.
Si ya resulta significativo el porcentaje cercano al 40% del total de hogares que usó ahorros propios y/o recurrió a la toma de deuda con uno o más acreedores, se destaca también la profundidad distinta que tiene este proceso a lo largo de la estructura social. Al respecto, la encuesta constata que el uso de ahorros propios y/o endeudamiento, se incrementa al 64,2 % entre los hogares del asalariado precario y al 46,2% de los hogares del cuentapropismo no profesional.
Asimismo, el ajuste tiene características propias para cada clase y estrato. En los hogares de las clases medias, se destaca fundamentalmente el uso de ahorros propios, nuevamente en mayor medida entre los asalariados profesionales (31% de sus hogares) que en el resto de los segmentos. Por su parte, en los diferentes segmentos de la clase trabajadora, además del uso de ahorros propios, tiene centralidad la ayuda familiar, que en los asalariados precarios alcanza al 39,4% de los hogares. Entre estos últimos, sin acceso al crédito bancario, se subraya también la recurrencia a prestamistas privados (un 19,7 % de los hogares), en condiciones que por su informalidad, ciertamente aumentan riesgos y desventajas.
¿Cuáles son los principales factores que explican este proceso inflacionario? ¿Cuáles, los criterios de justicia que deberían primar en las políticas estatales sobre la distribución del ingreso? Sobre estas y otras cuestiones, el estudio encuentra que la ciudadanía tiene interpretaciones y posiciones diversas. Sin desmedro de ello, un porcentaje significativo comparte que la regulación de los mercados de la vivienda y los servicios básicos, entre otros, cuyos precios se enfrentan con dificultad, deben ser materia de intervención estatal. A contramano de la desregulación contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases, el 81 % de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor del subsidio de tarifas y servicios, el 76% acuerda con que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres, el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar. Asimismo, en materia de seguridad alimentaria, el 82% apoya la asistencia alimentaria a comedores por parte del Estado.
Aún cuando, la crisis tiene efectos fuertemente desigualadores, la encuesta muestra que el apoyo a la intervención estatal en las esferas de la vida social que mencionamos, tiene núcleos de acuerdo relevantes, en todas las clases y estratos de la estructura social captados por la encuesta.
Sobre PIRC – ESA
El Proyecto de Investigación Regional Comparada sobre la Estructura Social de la Argentina (PIRC-ESA) es una red de investigación que nuclea a más de 140 investigadoras/es de 13 nodos y 18 centros de investigación de todas las regiones del país. Entre ellos, el Centro de Estudios Sociales (UNNE-CONICET), cuyo titular Pablo Barbetti es el referente del nodo NEA.
Los otros nodos participantes son: Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano; Universidad Nacional de Jujuy, Unidad de Investigación en Comunicación Cultura y Sociedad; Centro de Estudios Sociales; Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Humanidades; Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Trabajo y Producción; Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani; Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Instituto de Cultura, Sociedad y Estado;Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales; Universidad Nacional de Tres de Febrero. Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas; Universidad Nacional de Mar del Plata, Centro de Estudios Sociales y Políticos ; Nodo UMET-CITRA.
La red constituye un espacio para el intercambio y difusión de investigaciones científicas sobre las dinámicas de desigualdad en la estructura social de Argentina según clases sociales, diversidad regional y de género.
Quienes quieran conocer más del trabajo de este espacio, pueden seguir la cuenta de redes sociales: @red.pirc.esa.
