Investigadores, biólogos y graduados de la UNNE que integran el “Foro de Humedales NEA” marcaron su posición con respecto a la necesidad de una norma nacional proteccionista. Ante el lobby del sector productivo, esgrimen, “no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Ven en la potencial ley, una herramienta de regulación de la producción extractivista.
Ante el creciente lobby del sector productivo, un grupo de investigadores, biólogos y graduados que integran el “Foro de Humedales NEA” esgrimen el beneficio general sobre el particular. “No siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Este colectivo ve en la potencial ley, una herramienta de regulación de la producción extractivista.
Prosigue en el Congreso de la Nación y en distintos ámbitos el debate en torno al proyecto de Ley de Protección de Humedales, que apuesta a generar nuevos instrumentos para su protección. El parlamento argentino ya tuvo en los últimos años oportunidades de sancionar una ley, sin lograr consensos, en un tema que genera posturas encontradas.
Con el fin de seguir aportando algunas reflexiones sobre la cuestión, el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la Unne hizo un relevamiento de opinión a un colectivo de académicos reunidos en el “Foro Humedales NEA”, surgido desde Corrientes y conformado por investigadores y biólogos y estudiantes provenientes del ambiente estatal, privado y universitario, entre ellos investigadores, docentes y egresados de la Universidad.
El objetivo del foro es hacer pública una voz académica respetando la diversidad de opiniones pero sin perder de eje el interés común como lo son los humedales, preservando su uso sustentable que no solo considera el aspecto de su aprovechamiento económico sino que aún más lo preserva para las futuras generaciones.
Señalan que por diversas razones, quizás centradas en una falsa dicotomía entre el sector ambientalista y el sector productivo, el tratamiento de proyectos en el Congreso de regulación de humedales siempre naufragó.
—Uno de los fundamentos por el que el proyecto de ley es trabado, gira en torno al impacto socioeconómico que su sanción generaría. Algunos legisladores sostienen que el proyecto tal como está planteado restringirá las actividades productivas afectando a miles de productores y a los demás eslabones de la cadena de valor. ¿Tienen una opinión al respecto?
—Es necesario separar los beneficios ecosistémicos que provee la protección de un ambiente que es de todos, de las ganancias que obtendría un sector reducido de la población a partir de la explotación del mismo. Claramente, entendemos que el aumento de la protección de ciertos ambientes, puede limitar algunas áreas de producción, pero en general los ambientes seleccionados para su protección pueden traer beneficios ecosistémicos. Los humedales prestan una amplia gama de servicios importantes y fundamentales (por ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, oportunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienestar del hombre. Al mantener el funcionamiento natural de los humedales se les permitirá seguir prestando estos “servicios” que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la población en general, que lejos está del lobby productivo. Por otro lado, la interacción entre Nación y Provincia acerca de las decisiones sobre qué y cómo proteger, permite que los intereses de ambos sean protegidos. Finalmente, no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población, en términos de cómo interactuar con la protección del ambiente y al uso de los “recursos” naturales. Esta ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento, protección y utilización de los humedales en el país, nos ayudará a que todos seamos beneficiados de forma equitativa en cuanto a los servicios ecosistémicos, y a que las formas de producción extractivistas, con extensas modificaciones al ambiente sean reguladas.
—¿Cuál creen ustedes sería la definición de humedal que mejor consensúe los intereses de ambientalistas y productores?
—En el marco del Inventario Nacional, “un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
—Existen planteos referidos a la potestad de Nación de regular aspectos que podrían concernir a las provincias. Desde el Senado de Corrientes entienden que debe tenerse en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que indica que “las provincias se reservaron la facultad legislativa complementaria de la materia ambiental, la cual no es meramente procesal o reglamentaria respecto de las leyes de presupuestos mínimos emanadas del Congreso de la Nación”. ¿Qué opinan al respecto?
—Podemos empezar a mirar esto desde otra perspectiva y no como una intromisión del estado nacional en un territorio provincial, el tener un tercer agente que regule, arbitre o audite lo que sucede en la provincia en materia de humedales y de un recurso natural estratégico para el país como es el agua, garantiza potencialmente el uso discrecional y sustentable de estos ambientes.
No obstante, es verdad que desde la modificación de la Constitución en 1994, las provincias tienen la potestad sobre los manejos de sus recursos naturales. Pero también creemos que en cuestión de protección de los ambientes debemos tener una visión más federal, y aún más regional. Por ejemplo, estas diferencias se han manifestado recientemente con la problemática de la autorización de la pesca en el Río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes. Ni los ambientes, ni su biodiversidad tienen límites políticos y por eso es de suma importancia la concreción de una ley de presupuestos mínimos. Un presupuesto mínimo, como está establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, permite tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Más allá de que una ley de humedales nacional tiene incluidos diálogos en las determinaciones de las áreas a proteger, es necesario el rol del Estado a nivel nacional, para velar por los recursos naturales que pertenecen a toda la sociedad. Y de alguna manera debemos asegurar el mantenimiento de la biodiversidad de los humedales, su estructura y las funciones de estos ecosistemas, orientando su gestión en un marco de concertación y articulación federal, intersectorial y participativa.
—¿Qué rol considera deben jugar las provincias en la regulación de los humedales?
—Las provincias deben tener un rol protagónico en la aplicación de la definición de humedales lograda a través de un consenso nacional y representativo. Creemos que existe la posibilidad de que las provincias puedan generar sus capacidades técnicas para el desarrollo de acciones y medidas para la conservación, el uso sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información dirigido al personal vinculado a la gestión de los humedales. Todo este proceso debería ser participativo y vinculante, en el cual tanto los grandes productores agropecuarios y forestales, un equipo técnico heterogéneo, representantes de campesinos y pequeños productores, como el resto de la sociedad forme parte de la toma de decisiones.
—¿La importancia de una ley de Humedales, se limita a la protección, conservación de determinadas áreas?
—No podemos dejar de ver, que con en el sistema actual de producción y sin esta ley de Humedales, ya hay migraciones, pobreza, envenenamiento, modificación masiva del ambiente, contaminación, trabajo precarizado y tantas otras situaciones que desde los centros urbanos quizás no se ven. Si de una vez por todas queremos seriamente sentarnos a discutir cómo modificar la situación de pobreza y las migraciones internas, deberíamos ir un paso atrás y discutir los sistemas de producción basados en el agronegocio y el consumo desmedido. En este marco, una ley de protección de humedales, puede encaminarnos hacia un manejo sustentable de nuestros recursos.
Esta nota refleja las opiniones individuales de los suscribientes, y no la opinión de sus respectivas filiaciones.
Firman en orden alfabético: Dr. Federico Exequiel Arce (UNNE); Alejandra Báez – Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); Mgtr. Melanie Browne – Bióloga; Tomás Camarasa – Abogado y téc. univ. en gestión ambiental, egresado UNNE; Dra. Micaela Camino (CONICET); Dr. Felix Ignacio Contreras (CONICET-UNNE); Dr. Adrian Di Giacomo (CONICET-UNNE); Lic. Janinna Faraone – Bióloga egresada UNNE; Dra. Ma. Emilia Garcia Denegri (UNNE); Debora Rocio Gilles – Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); María Clara González – Estudiante de Cs. Biológicas (UNNE); Dra. Cecilia Kopuchian (CONICET); Dr. Martin Kowalewski (CONICET-UNNE); Dr. Esteban Meza Torres (CONICET); Dr. Angel Miño Boilini; Med. Vet. Belén Natalini (CONICET); Lic. Renata Nicora Chequín – Bióloga egresada UNNE; Lic. María Florencia Pucheta – Bióloga; Dra. Mariana Raño – Bióloga; Dra. Veronica Romero (UNNE); Lic. Romina Florencia Quijano – Bióloga y guardaparques egresada UNNE; Adriana Belén Vallejos – Guardaparques egresada UNNE; Dra. Silvia Clarisa Zaninovich – Bióloga egresada UNNE, Dr. Alfredo Eduardo Zurita.
