En el Día de la Democracia y la Restauración de la Democracia en Argentina, y a cuatro décadas del histórico Juicio a las Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), RADIO UNNE dialogó con Pablo Vassel, ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes. En la conversación, Vassel reflexionó sobre el impacto de aquel proceso judicial y sobre los desafíos que hoy se reactivan en el ámbito democrático en materia de memoria, verdad y justicia.
En aquel día histórico en que se dictó sentencia contra los genocidas que interrumpieron el gobierno democrático de Isabel Perón y ejecutaron un plan sistemático de represión y exterminio contra la sociedad civil, comenzaba a cerrarse una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Hacía 42 años, la Argentina volvía a vislumbrar el renacer de la vida democrática. Tras haber atravesado la última dictadura cívico-militar y eclesiástica que gobernó de facto al país entre 1976 y 1983, el presidente electo, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, alzaba su voz desde el balcón de la Casa Rosada el 10 de diciembre de 1983, reclamando “Juicio y Castigo” para los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos. En todo el territorio nacional, miles de personas habían sido víctimas de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones en un esquema represivo organizado por zonas y subzonas, un sistema que dejó como saldo a más de 30.000 detenidos-desaparecidos.
Apenas tres días después de asumir la Presidencia, Alfonsín firmó el Decreto N.º 158/83, que ordenó someter a juicio a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que encabezaron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Fue una decisión sin precedentes en América Latina y una señal contundente del compromiso del nuevo gobierno con la verdad y la justicia.
El proceso judicial comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió hasta agosto de ese mismo año. Se desarrollaron alrededor de 530 horas de audiencia y declararon más de 800 testigos en la denominada Causa 13/85. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. La acusación quedó a cargo del fiscal Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo, quienes basaron su trabajo en el informe “Nunca Más” elaborado por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dio a conocer su veredicto en una histórica transmisión por cadena nacional. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Orlando Agosti recibió cuatro años y seis meses; Roberto Viola, 17 años; y Armando Lambruschini, ocho años. En cambio, Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Isaac Anaya resultaron absueltos por insuficiencia probatoria.
El reconocimiento internacional de la causa 13/85 y el rol protagónico de la CONADEP
Tras aquel hito importante en la historia argentina que ha tenido gran valoración internacional en materia de derechos humanos, Pablo Vassel destacó en RADIO UNNE, “que la Causa 13/85 se trató de un importante proceso en materia de memoria, verdad y justicia, que por supuesto hoy continúa”. Repasó que “el siglo XX estuvo marcado por un periodo histórico de sucesivas interrupciones del orden democrático, en la que cada gobierno de facto generó repercusiones en materia de violencia estatal. Un caso importante fue la dictadura de 1955 llamada Revolución Libertadora, época en que la Marina bombardeó la ciudad de Buenos Aires y fusiló a civiles y militantes políticos, en donde la violencia de a poco fue creciendo como una suerte de espiral”. Como antesala de este escenario, el último golpe de Estado, en 1976, representó para Vassel “una expresión absolutamente irracional con una enorme cantidad de casos de secuestro, violencia, tortura, desaparición de personas, asesinato, cárcel y exilio”.
La condena social y política a esas violaciones masivas a los derechos humanos fue creciendo incluso antes de la recuperación democrática. Según indica, “fue tal vez uno de los elementos de mayor desprestigio de la dictadura, junto con la Guerra de Malvinas, que demostró la ineptitud militar para lo que se suponía que estaban preparados. Esto generó un clima de extraordinarios reclamos de la sociedad por las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, que en ese contexto, era un hecho inédito”.
“Ni bien asume el Presidente Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, pocos días después firma el decreto 158, que ordena al comandante en jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era un organismo de justicia militar previsto en la ley militar, que inicie el juzgamiento de las violaciones a los Derechos Humanos”, explica Vassel. No obstante, agrega que “el Consejo Supremo no hizo absolutamente ninguna de las tareas que se esperaba que hiciera el Código de Justicia Militar. En un momento dado, cuando no se registra más el avance, la Cámara Federal decide tomar el caso y seguir adelante con el enjuiciamiento a las tres primeras cúpulas militares”.
Y en este sentido, señala que la base de este juicio integrada por seis jueces y seis camaristas federales se pudo llevar adelante, primordialmente porque se apoyó en el trabajo de la CONADEP (creada por el Presidente Alfonsín), cuya documentación se convirtió en la base probatoria más importante: “La CONADEP hace un informe muy sistemático. Y ese informe fue la base con la que la Fiscalía asumió la tarea de acusación. De miles de casos, se seleccionaron 700 para avanzar”, recordó.
“El informe incluía además un libro anexo con los nombres de las víctimas, distinguiendo quiénes permanecían desaparecidos, quiénes habían estado desaparecidos y quiénes habían sido identificados posteriormente. Sobre esa base, Julio César Strassera —fiscal principal del juicio— y el joven abogado Luis Moreno Ocampo, quien se desempeñó como fiscal adjunto, asumieron la tarea de llevar a cabo la acusación”, remarcó.
Así, según su calificación, “el juicio avanzó rápido pero a base de un ritmo muy intenso, con dos o tres audiencias por semana, y finalmente, un día como hoy pero de 1985, se dio a conocer el veredicto. A pesar de que incluyó aspectos inesperados, como la absolución de la última Junta, el fallo fue central, fundamental y constituyó un hito —casi diría civilizatorio— en esta parte de América del Sur. En este sentido agregó que, “si hoy continúan los juicios de lesa humanidad es porque gran parte de esa tarea se debe al enorme trabajo que realizó la CONADEP y el enorme efecto pedagógico que tuvo. El juicio a los ex comandantes formó una especie de pacto del Nunca Más en la República Argentina”.
«El juicio a los ex comandantes formó una especie de pacto del Nunca Más en la República Argentina”.
Un proceso judicial con estándares constitucionales ejemplares
Como precedente fundamental e inspirador para llevar a cabo el Juicio a las Juntas Militares en Argentina (1985), el ex secretario de Derechos Humanos, citó los Juicios de Núremberg (1945-1946) que juzgó a los jerarcas nazis por crímenes de guerra y por delitos de lesa humanidad, pero con algunas particularidades técnicas vista desde el lado penal del derecho jurisdiccional. Una de las particularidades es que el juicio a las Juntas no se realiza con un tribunal especial, conformado por las naciones vencedoras de la guerra como en Nüremberg, sino que es un tribunal que opera con la legislación local.
Luego, aporta un marco comparativo para dimensionar el valor institucional del Juicio a las Juntas. Explica que el caso de Núremberg fue “fundamental, vital y trascendente”, especialmente porque marcó un quiebre respecto de la tradición histórica en la cual el ejército vencedor simplemente castigaba a los vencidos sin proceso judicial. Sin embargo —aclara— ese juicio, pese a su enorme importancia, presentó aspectos que desde la técnica jurídica podrían ser cuestionados: contó con jueces especiales, no existía una ley previa aplicable a los crímenes, se diseñó un procedimiento ad hoc y se designó un fiscal especial.
El ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, subraya que, a diferencia de otros juicios históricos, el proceso argentino se desarrolló “con absoluta normalidad institucional, sin vicios y dentro de las reglas del derecho común”. Y destaca que, “en la Argentina se juzgó con procesos, leyes, tribunales, fiscales comunes. No hubo juicios especiales que pudieran viciar el proceso”.
En Argentina ocurrió algo inédito. Desde el Juicio a las Juntas en 1985 hasta los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan hoy, todos se llevaron adelante bajo las reglas ordinarias del derecho penal y constitucional. Los mismos tribunales y fiscales que trataban causas comunes —como una estafa contra el Estado— eran los que juzgaban crímenes de lesa humanidad semanas después. Para Vassel, esto le dio al proceso argentino “un carácter de normalidad constitucional de altísima calidad, incluso superior -desde el punto de vista técnico- a modelos internacionales”.
Según Vassel, esta solidez institucional explica por qué Argentina es considerada un “faro en materia de justicia y derechos humanos” en la región, pese a los actuales discursos negacionistas. Señala que muchos países —como España, que nunca juzgó los crímenes del franquismo— no han logrado avanzar en procesos similares, a diferencia de la continuidad que se mantiene en nuestro país.
“El proceso fue tan sólido que, pese a la magnitud de los crímenes cometidos por el Estado, en la Argentina nunca hubo casos de venganza privada o justicia por mano propia”, remarcó.
La democracia y sus desafíos contemporáneos
Al ser consultado sobre la vida democrática actual, Vassel advierte sobre tensiones estructurales, especialmente en relación con el rol del Estado. En este sentido, introduce su reflexión sobre la democracia citando una frase célebre de Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado».
A partir de esa idea, señala que la democracia —como cualquier construcción política— está llena de dificultades y se expresa de manera distinta en cada país, pero insiste en que hay aspectos esenciales que deben preservarse. En este sentido advierte que “uno de los riesgos más graves que enfrentamos hoy es la destrucción del Estado. No concibo un Estado democrático sin derechos sociales. Es decir, sin educación, sin salud, sin cultura”.
“uno de los riesgos más graves que enfrentamos hoy es la destrucción del Estado. No concibo un Estado democrático sin derechos sociales. Es decir, sin educación, sin salud, sin cultura”.
Para Vassel, democracia y derechos humanos son dos dimensiones inseparables. “No hay democracia sin respeto a los derechos humanos, y no hay respeto a los derechos humanos —individuales, colectivos y ambientales— sin democracia”.
Para ilustrar esta dificultad, recuerda un discurso emblemático de Raúl Alfonsín en el retorno democrático: “Con la democracia se come, se cura, se educa”. Y agrega que esa promesa se vuelve difícil de sostener cuando faltan presupuestos adecuados para salud, educación o políticas públicas básicas. “Cuando falta un plato de comida en una casa, es muy difícil hablar con credibilidad sobre la trascendencia de la democracia y los derechos humanos”, remarca.
Discursos negacionistas que vuelven a emerger en el presente
En los últimos meses, distintos acontecimientos reavivaron el debate público sobre las memorias de la última dictadura cívico militar. Entre ellos, se destacan los avances en las excavaciones del ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, y la polémica suscitada por el homenaje realizado en Corrientes a un represor condenado y juzgado por 71 delitos de lesa humanidad.
Hallazgos en “La Perla”
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó recientemente el hallazgo de restos humanos en dos sectores del ex campo de concentración y predio militar, “La Perla”, en Córdoba, uno de los mayores centros clandestinos del país, por donde se estima pasaron entre 2.000 y 2.500 personas secuestradas. Los restos óseos aparecieron “desarticulados y dispersos” debido a las remociones de tierra que realizó el Ejército en 1979. Además, se identificaron otros dos sectores donde también habría habido movimiento del terreno. En relación con estos hallazgos, Vassel destacó la importancia de los testimonios en los juicios como punto de partida para las localizaciones, “Los restos se van a seguir encontrando y muchas de estas localizaciones surgen a partir del testimonio en los juicios. El proceso empieza cuando los testigos dicen: ‘Yo estuve en tal lugar y había una persona a la que le decíamos el viejo’, y así se ubica a las personas y el contexto de clandestinidad por el que pasaron”, apuntó.
El represor De Marchi homenajeado por la Sociedad Rural de Corrientes
En paralelo, generó fuerte controversia la decisión de la Sociedad Rural de Corrientes de bautizar una plaza con el nombre del capitán Juan Carlos De Marchi, condenado por delitos de lesa humanidad. De Marchi recibió penas que totalizaban 25 años de prisión por 71 crímenes, entre ellos secuestros, torturas y privaciones ilegales de la libertad, con víctimas que incluían estudiantes universitarios y secundarios de la UNNE, periodistas, sacerdotes, gremialistas y trabajadores.
Consultado sobre este hecho, Vassel fue enfático en su declaración: “Es un caso lamentable. No se puede obviar su actuación pública ni de la Justicia, que lo condenó por 71 hechos criminales, entre ellos homicidio, secuestro, tortura, abusos sexuales y privaciones ilegítimas”.
Para ilustrar la gravedad del homenaje, realizó una comparación enfática: “Aislar el caso, sería como si la sociedad de pintores de Viena hiciera un homenaje a Hitler porque fue pintor. Sería inaceptable.”
A 40 años del Juicio a las Juntas y del regreso de la democracia, persiste la preocupación por la repetición de hechos y la reproducción de discursos que se transmiten, y que gran parte de la sociedad argentina considera ya saldados. En este sentido, el ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes concluyó con la siguiente frase: “Es lamentable y vergonzoso el homenaje que hizo la Sociedad Rural a un condenado por 71 hechos criminales, con sentencias confirmadas por el Tribunal Oral de Corrientes, la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema de Justicia”.
El Juicio a las Juntas de 1985 no sólo fue un doloroso descenso a los laberintos del horror, sino un paso decisivo hacia adelante para la renaciente democracia. Fue uno de esos momentos excepcionales en los que la historia argentina parece ponerse de pie y asomarse a la posibilidad de una verdadera reparación. Pero, cuatro décadas después, aún siguen resonando y calando profundo en la sociedad argentina.
