Radio UNNE dialogó con Gabriel Escobar Bonfanti, secretario general de la seccional correntina de APINTA (Asociación del Personal del INTA), quién alertó sobre la inminente publicación de un decreto de necesidad y urgencia que modificaría la capacidad de asistencia a las economías regionales. Mensaje que fue respaldado por la Mesa de Enlace y las universidades nacionales.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, impulsa una serie de reformas estructurales profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estas medidas han generado una fuerte polémica y rechazo, tanto dentro del organismo como en amplios sectores del campo y la política.
En diálogo con la 99.7, Escobar explicó que a través de un decreto de necesidad y urgencia emitido por el Ejecutivo Nacional se busca modificar la estructura del Consejo Directivo del INTA, reduciendo sus miembros de 10 a 8, quitando su carácter autónomo y eliminando la representación de las universidades nacionales; entre otras modificaciones que detalló en el programa Ciudad Invisible.
“El Consejo de INTA está formado por diez miembros: tres son del Estado, siete son de organismo público-privado y también integran las facultades de Veterinaria y de Agronomía. Desde ahí se toman las decisiones del trabajo que realiza el organismo, por eso se denomina autárquico”, detalló Escobar y explicó que la mayoría absoluta del Estado y la dependencia al Ejecutivo Nacional traería pérdida de pluralidad en los espacios de toma de decisión.
“La modificación que pretende hacer el Gobierno es poner cuatro miembros por parte de la parte privada y cuatro por el Estado. En caso de un empate, el que desempata es el presidente del INTA que depende del Estado. Vamos a dejar de ser autárquicos, vamos a dejar de hacer las tareas que realmente necesita todo el país y los pequeños productores, en la investigación y la transferencia, por capricho del Gobierno de turno”.
Entre otro de los cambios previstos, Escobar mencionó el cierre de unidades, la eliminación de programas de extensión territorial, la no renovación de contratos de trabajadores de planta transitoria y la creación de cinco macroregiones en reemplazo de los actuales quince centros regionales: “Esa propuesta es muy, muy peligrosa, muy peligrosa. No tendríamos extensión, no tendríamos forma de hacer llegar a los pequeños productores la investigación que hace el INTA. Es desarmar las regionales que hay en cada provincia, alterando totalmente el funcionamiento”, dijo.
“Esa propuesta es muy, muy peligrosa, muy peligrosa. No tendríamos extensión, no tendríamos forma de hacer llegar a los pequeños productores la investigación que hace el INTA».
Escobar manifestó que los cambios estructurales están acompañados de un severo achicamiento de personal y la pérdida de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, a lo que se suma el anuncio de que la planta actual de cerca de 6.000 empleados será acotada un tercio más. Consideró además que la reducción de la estructura amenaza la capacidad del INTA para brindar servicios de investigación, extensión y apoyo técnico a pequeños productores y la agricultura familiar.
“Nosotros hoy tenemos 17 becarios en toda la provincia. Son profesionales y técnicos que se están formando en un tema específico. Tenemos dos becarios que están trabajando en Búfalo, que son excepcionales. Que no se renueven esas becas o que no puedan llegar a tener una planta el día de mañana es una pérdida grande para la provincia y las economías regionales en general; porque están invirtiendo para que se forme y se especialice, y porque no va a haber forma de transferir ese conocimiento al territorio”.
De concretarse el decreto, Escobar consideró que el futuro es incierto para el organismo: “Desconocemos cuál va a ser la función final del INTA. El Gobierno lo que intenta es que la mayor investigación sea para las grandes producciones, pero que son pocas. Estamos hablando de maíz, soja, arroz, son pocos los productores. Las líneas de trabajo terminaría siendo solamente para los que más tienen, y los que no tienen quedarían totalmente desamparados”.
“Desconocemos cuál va a ser la función final del INTA. El Gobierno lo que intenta es que la mayor investigación sea para las grandes producciones».
Respaldo del sector privado y de las universidades públicas
La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del campo argentino (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro), manifestó una postura clara y crítica frente a la reestructuración del INTA que propone el Gobierno nacional.
En una carta de carácter público, la Mesa de Enlace se opuso a la reducción de la representación del sector agropecuario y académico en el Consejo Directivo, así como a la concentración de poder en el Ejecutivo y que el Instituto pierda su autonomía financiera y pase a estar bajo control directo del Ministerio de Economía.
A su vez fundamentan el rechazo a la medida de la gestión de Javier Milei por considerar imprescindible mantener la presencia territorial y la estructura de centros y agencias de extensión rural, por considerarlas son herramientas clave para el desarrollo agropecuario en todo el país.
«Los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país, para beneficio de todos los argentinos. Cualquier medida que atente contra ello perjudica a todo el sector», expresaron desde la Mesa de Enlace.
Así como esta entidad apuntó a que «el financiamiento del INTA no debe ser considerado un gasto público sino una inversión», en el mismo sentido se manifestaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que a través de su Comité Ejecutivo lanzaron una declaración valorando la labor del Instituto en «la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías dirigidas a la resolución de problemas tecnológicos en el sistema agropecuario nacional».
«el financiamiento del INTA no debe ser considerado un gasto público sino una inversión».
Desde el CIN alertaron que los cambios promovidos por el Ministerio de Desregulación atentan contra la gobernanza democrática del INTA y respaldaron los pedidos de revisión de la medida haciendo un llamamiento al diálogo y al consenso: «Coincidimos con la visión del personal del organismo que señala la gravedad de la situación. Creemos y defendemos un INTA que sea independiente, para que continúe produciendo tecnología de alto impacto local, regional, nacional y exportando conocimiento», opinaron.
