Así lo aseguró la abogada y vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, en diálogo con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. En Argentina, se registraron 76 femicidios en el primer trimestre del 2025, y en Chaco, se cometieron 5, haciendo que se posicione entre las provincias con la tasa más alta del país.
El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) dio a conocer en su último informe algunos datos que reflejan un escenario que continúa siendo dramático. En nuestro país, se registró un femicidio cada 28 horas y un intento de femicidio cada 8, con un total de 257 atentados contra la vida de las mujeres en lo que va del año. Al aire de la 99.7, Aguirre alertó sobre la falta de acompañamiento estatal para contener las problemáticas de violencia de género.
En este sentido, manifestó preocupación por el recorte y desfinanciamiento de programas que buscaban contribuir a reducir la brecha de género, y aseguró que se encuentran desfinanciadas y desmanteladas por la gestión libertaria. La referente lo vinculó con “un negacionismo de las violencias por motivos de género por parte de este gobierno, que sostiene que no existe una desigualdad estructural, que son inventos de una cultura o de una ideología. Lo llevan a la realidad cuando recortan presupuesto”.
Según datos oficiales de la ejecución presupuestaria de Nación, en el primer año del gobierno de Javier Milei el programa Acompañar redujo su ejecución en un 79% y acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios no ejecutó presupuesto. Otros programas de protección, patrocinio jurídico y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%.
“Un negacionismo de las violencias por motivos de género por parte de este gobierno, que sostiene que no existe una desigualdad estructural, que son inventos de una cultura o de una ideología. Lo llevan a la realidad cuando recortan presupuesto”.
La línea 144 sufrió un recorte de 61,1%, el Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral cayó en un 98,7% en 2024, el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, que fue prácticamente desmantelado con -93,9% de ejecución interanual, la distribución de preservativos y medicamentos para la IVE 73,9% menos de ejecución interanual.
“El vaciamiento de todas las políticas públicas que acompañaban hoy repercuten en más violencia y en menos acceso a la justicia. Al no haber una instrucción desde el gobierno nacional y al haber un recorte masivo en materia de género y diversidad, y un discurso carente de política pública, es muy difícil abordar la problemática porque queda a discreción de las provincias, de los municipios, y sin recursos”, señaló la abogada.
Infancia desprotegida
Aguirre también manifestó preocupación por la desprotección que sufren los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres por un femicidio y destacó que sólo en este último trimestre fueron 44 los menores afectados: “La implementación de la Ley Brisa es burocrática e insuficiente. Debemos hablar también de cómo impacta en ellos la muerte de las madres. Hay un abandono por parte del Estado”, aseveró.
Desde Mumalá sostienen que estos datos revelan una situación crítica y persistente de violencia de género en todo el territorio argentino: el 71% de los femicidios fueron cometidos por parejas, ex parejas o familiares de las víctimas, y un 66% fue asesinada en su vivienda, lo que sigue confirmando el domicilio como el lugar más inseguro.
«Al no haber una instrucción desde el gobierno nacional y al haber un recorte masivo en materia de género y diversidad, y un discurso carente de política pública, es muy difícil abordar la problemática».
“Los datos del Observatorio se conforman a través de los medios gráficos, los medios digitales y el territorio. Somos una organización política y social con recursos escasos, pero no tenemos estadísticas oficiales”, aclaró? Aguirre. “La única que se considera oficial es la de la Corte Suprema, que sale año vencido. En junio de este año nos vamos a enterar qué pasó en el 2024, entonces ¿qué política pública podemos plantear de esa forma?”, agregó.
Desde la organización consideran necesario que en Argentina se declare la emergencia por violencia de género, para que el Estado pueda retomar medidas como la reasignación de partidas presupuestarias que garanticen un aumento de recursos para el abordaje integral y la contención de las violencias contra las mujeres y la diversidad sexual.
