En el contexto de las recientes inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, la arquitecta e investigadora de la UNNE, Florencia Rus, indicó que la mayoría de las ciudades siguen creciendo priorizando el desarrollo económico y sin otorgar real consideración a la vulnerabilidad hídrica. Resaltó que «se escucha mucho hablar de obras, cuando la clave es la gestión del riesgo hídrico», una responsabilidad gubernamental pero que requiere sumar otros actores, desde académicos, entidades civiles y la misma comunidad.
La Arq. Rus es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, e integrante del Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (IIDTHH) dependiente de la UNNE y CONICET. Actualmente, desarrolla una línea de abordaje enfocada en políticas urbanas en agenda y cómo ello impacta en conflictos ambientales y en la desigualdad ambiental. Por ello fue consultada en el marco del ciclo especial de Radio UNNE «Emergencia Climática. El Día después de Bahía Blanca. ¿Nos puede pasar lo mismo? Y si pasa, ¿Cómo debemos actuar?».
Al respecto, al aire de la 99.7 y tomando como caso de anclaje a Bahía Blanca, se explayó sobre los riesgos hídricos en la región nordeste y en particular en la ciudad de Corrientes.
Señaló que la vulnerabilidad hídrica es un fenómeno complejo, con múltiples dimensiones, que necesita un abordaje integral y permanente, «pero del que generalmente se habla cuando se sufren las consecuencias».
Indicó que se escucha a muchos representantes políticos de las ciudades plantear la necesidad de obras y que “a partir de esas obras no nos vamos a inundar más, o que con esta obra estaremos mejor preparados, cuando no siempre es así».
Al respecto, opinó que «debería haber un cambio de paradigma frente al contexto de crisis climática, eventos que se hacen más extremos e imprevistos, por lo cual la cuestión es partir de la incertidumbre, no de la certeza de que no nos vamos a inundar más».
Así, señaló que, si bien hay que gestionar frente a los riesgos conocidos, también se requiere poner la mirada en que pueden venir eventos mucho más extremos, o en otras formas de impacto de los riesgos en territorios que siguen modificándose.
Por ello, sostuvo, se tiene que poner el enfoque en nuevos paradigmas desde los cuales abordar la gestión de las ciudades en relación con los riesgos naturales.
«De lo que hablo es de gestionar el riesgo de una manera integral».
En esa línea, explicó que en el caso de Corrientes los datos para analizar la variabilidad climática son de muy pocos años, lo cual no permite saber qué tipos de eventos más extremos pudieron haber ocurrido antes, pero además las ciudades atraviesan un proceso de continuidad en su crecimiento y pueden afrontar problemáticas mucho mayores a futuro.
Agregó que en la ciudad de Corrientes son numerosas las áreas que sufren condiciones de riesgo hídrico, con sectores en riesgo por anegamiento debido a lluvias, otros expuestos a inundación ante la crecida de ríos, y existen áreas que enfrentan la combinación de ambas problemáticas.
Algunas de estas áreas siguen sufriendo transformaciones, como relleno de humedales, por lo que a futuro pueden estar sujetas a consecuencias imprevistas.
«De lo que hablo es de gestionar el riesgo de una manera integral» planteó, y señaló que esa función es responsabilidad del Estado, pero requiere sumar a otros actores, desde académicos, entidades civiles y hasta la misma comunidad de los sectores más vulnerables que sufre las consecuencias.
Optimizar la gestión
«No digo que no hayan existido políticas sobre cómo abordar la cuestión del uso del suelo y el riesgo hídrico en Corrientes, se hicieron cosas, pero aún queda un largo camino por recorrer», señaló.
Al respecto, ejemplificó que Corrientes no cuenta con una normativa de riesgo hídrico como tiene la provincia de Chaco para el área del Gran Resistencia, y que, si bien se registraron procesos para pensar un plan de ordenamiento territorial en la ciudad, aún no se avanzó».
Señaló asimismo que una de las cuestiones a observar es la contradicción entre normativas existentes, como ser la normativa de clubes de campo o barrios privados, que promociona el crecimiento hacia zonas inundables en Corrientes, lo que ocurre en gran parte por la falta de otro tipo de normativas que establezcan cuales son las áreas inundables.
Desarrollo versus vulnerabilidad
«Una discusión central es pensar desde qué paradigma posicionarnos frente a este tema», insistió la Arq. Rus. Así, refiriendo al enfoque de la ecología política, preguntó si es posible el desarrollo económico atado a la conservación ambiental y a la disminución de los riesgos ambientales que están teniendo las ciudades.
«Creo que no. Mi planteo es que el crecimiento económico como se está dando hoy implica el aumento de los riesgos a futuro», respondió.
«Para los procesos de ocupación hay normativas que avalan el desarrollo económico sin pensar las consecuencias y/o conservación del ambiente, obviando a los actores más desfavorecidos», agregó.
Mi planteo es que el crecimiento económico como se está dando hoy implica el aumento de los riesgos a futuro».
Consideró que «es esta una discusión que implica un reparto diferente de las formas de acumulación en nuestra ciudad, y eso es conflictivo para los actores que están en el poder y de quienes participan en la gestión pública, incluido el sector privado».
Para la investigadora, urge que el tema forme parte de la agenda pública, y no que sea un tema del que se hable tras algún evento climático o en momentos electorales.
Incluso, recordó, el actual Plan Hídrico de la ciudad, surgió en el año 2017 en un contexto de grandes inundaciones, evento en el cual un gran sector de los afectados fueron los barrios privados que en ese tiempo empezaron a proliferar sin planificación adecuada.
«Se necesita que el riesgo hídrico no sea una temática de estos momentos claves, sino que pueda ser una política central», indicó.
Reiteró la importancia de una mirada integral de la gestión del riesgo hídrico pues «la normativa sola no es suficiente para resolver la problemática, debe ser un proceso que sume a distintos actores».
«Para los procesos de ocupación hay normativas que avalan el desarrollo económico sin pensar las consecuencias y/o conservación del ambiente, obviando a los actores más desfavorecidos».
