El doctor Isidoro Sasson, abogado especialista en Derecho Penal y doctor de la Universidad Nacional del Nordeste en Derecho Público, Política y Gobierno, respondió a UNNE Medios sobre los riesgos del ecosistema de criptomonedas, tras el escándalo con $LIBRA, la criptomoneda que el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales.
La reciente polémica por la maniobra señalada como estafa en la que inversores perdieron millones en cuestión de minutos y que derivó en denuncias penales y pedidos de juicio político en contra del Jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza (LLA), plantea interrogantes acerca de las implicancias legales de operar con instrumentos financieros vinculados a la tecnología blockchain que sirve de soporte a las criptomonedas, en un mercado completamente desregulado de las normativas que rigen el ámbito bancario y de entidades financieras de inversión.
Para conocer una opinión experta del campo del derecho penal sobre el tema, UNNE Medios consultó al doctor Isidoro Sasson, abogado especialista en Derecho Penal y doctor de la Universidad Nacional del Nordeste en Derecho Público, Política y Gobierno.
“Las criptomonedas permiten el intercambio de bienes y servicios sin la intervención del Estado. En la Argentina no se sancionó una ley que específicamente legisle sobre criptomonedas. Las disposiciones que se refieren a esta materia aparecen en forma fragmentada. El interés y desarrollo que fueron adquiriendo en la comunidad determinó al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores a alertar sobre los riesgos de operar en este mercado”, aseguró el especialista.
Sumo a estas cuestiones que “la inestabilidad de los precios de las monedas virtuales sumado a la carencia de una legislación que regule sobre su funcionamiento hace que se opere en un mercado riesgoso para quienes conocen las marchas de sus reglas y con mayor razón para quienes no están habituados a este tipo de operaciones”.
“Por estos motivos se sugiere a quienes intervienen en este tipo de operaciones asesorarse e informarse previamente sobre los riesgos y consecuencias de esta clase de negocios financieros que pueden causar consecuencias económicas altamente perjudiciales para el patrimonio de los inversores”, agregó el también profesor adjunto de Derecho Penal I (Cátedra B) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE.
En lo que respecta a los sucesos que acontecieron con $LIBRA, el profesional señala que si bien “todo pareciera indicar que la difusión que realiza el presidente incide en el valor de mercado de este activo financiero, esto no significa que necesariamente se haya estafado a los inversores”, puesto que “la estafa requiere valerse de un ardid o engaño que cause un perjuicio patrimonial a la víctima”.
No obstante aclaró que, “esta es una cuestión sobre la que deberá expedirse la justicia a partir del curso de las investigaciones que se realicen. Se deberá determinar en qué medida la conducta de los inversores, a partir de las características y condiciones de la operación, de los conocimientos previos con que contaban y el cumplimiento de los deberes de información, implican la asunción voluntaria de un riesgo o si por el contrario la asimetría en la información existente entre los inversores y los oferentes da lugar a una maniobra defraudatoria”.
“En este caso se actúa en un mercado sin los controles formales del Estado y los riesgos que asumen los inversores son mayores. Estos aspectos seguramente van a ser considerados en la investigación judicial para determinar si en el proyecto $LIBRA se instrumentó una maniobra fraudulenta en perjuicio de los inversores o si por el contrario se trata de pérdidas que deben soportar quienes asumen libremente los riesgos de estas operaciones financieras”, amplió el doctor Sasson.
