El doctor Miguel Barreto, especialista de UNNE/Conicet en política integral del hábitat, opinó que el enfoque de profundizar al extremo la mercantilización de la vivienda que postula el actual gobierno argentino, «significa eliminar la vivienda de la categoría de derecho social». Señaló que, con vaivenes y distintas orientaciones políticas, el Estado aportó más del 25% del stock total de viviendas particulares existentes en el país.
«Si bien aún es prematuro realizar un análisis detallado de la política habitacional que implementará el nuevo gobierno de Javier Milei, los anuncios realizados y las medidas propuestas no avizoran nada bueno», sostuvo Barreto en relación las medidas del nuevo gobierno en torno a la política de vivienda social en Argentina.
Así lo hizo en un reciente artículo publicado en la Revista Café de las Ciudades, en el que se explayó sobre cómo inciden las políticas del actual gobierno en el rol del Estado para ayudar a acceder a una vivienda digna a quienes no pueden por medios propios, tal como afirma el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El doctor Miguel Barreto es Arquitecto, Magister y Doctor en Antropología Social, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE e investigador Categoría 1 en el Instituto de Investigación para el Desarrollo del Territorio y Hábitat Humano, instituto de doble dependencia CONICET-UNNE, del cual fue su creador.
Su experticia es el del hábitat social y el territorio, y en particular el abordaje de las políticas públicas en los distintos niveles jurisdiccionales del territorio.
Problemática estructural
«Para comenzar, llama la atención la escasa importancia dada a esta problemática dentro del conjunto de anuncios realizados y medidas tomadas hasta la fecha por el gobierno entrante. Se trata de un problema estructural de la sociedad y es común que todos los presidentes al asumir anuncien lo que aspiran a hacer para mitigarlo», expresó Barreto.
Señaló que se trata de un problema estructural porque la vivienda es primordial en la resolución adecuada de las condiciones de vida de las personas y hogares. «En este sentido, el Estado argentino tiene aún una enorme deuda pendiente con la sociedad argentina», sostuvo.
Para graficar, detalló que, de acuerdo con los datos del Censo 2022, en el país hay 14,2 millones de personas habitando viviendas particulares que no son propias y esta cifra asciende a 18,3 millones al haber un poco más de 4 millones que no poseen documentación que acredite la vivienda propia.
Se registran también 7,9 millones de personas habitando viviendas particulares en alquiler y 19,4 millones de personas habitando viviendas particulares sin desagüe a cloaca, así como 25,6 millones de personas habitando viviendas particulares que no disponen gas de red y 7,3 millones de personas habitando viviendas particulares sin provisión de agua por red pública.
Según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP, existen 6.467 barrios populares o asentamientos precarios en el país, en los que habitan unas 5,5 millones de personas aproximadamente.
«Por lo tanto, no solo se trata de una problemática estructural de la Argentina, sino que su magnitud adquiere ribetes vergonzantes para cualquier país que aspira a ser alguna vez desarrollado» resaltó el investigador de UNNE y Conicet.
El Estado aportó más del 25% del stock total de viviendas particulares existentes en el país
Agravar una deuda pendiente
Al respecto, agrega que estas cifras representan una enorme deuda pendiente del Estado que no puede ser dejada de lado por ningún gobierno y «las pocas medidas anunciadas hasta la fecha solamente auguran un mayor agravamiento del problema».
Es que, a su entender, desde los anuncios previos a la asunción, el presidente electo Javier Milei en persona, anunció en distintos medios de comunicación la paralización de la obra pública hasta llevarla a cero. Luego de la asunción se precisó desde el gobierno que solo continuarán las obras que estaban iniciadas y que no licitarán nuevos proyectos ni avanzarán en aquellos que aún no han comenzado.
Esto implica que el Estado dejará de impulsar la construcción de viviendas sociales para subsidiar el acceso a la vivienda y al hábitat digno de los sectores que no pueden hacerlo por medios propios, tal como lo vino haciendo desde mediados del siglo pasado.
«Con vaivenes, según las orientaciones de los distintos gobiernos, pero en definitiva el Estado aportó más del 25% del stock total de viviendas particulares existentes en el país», señaló en relación a la importancia del Estado en la cuestión habitacional.
Consideró que queda claro que el nuevo gobierno impulsa un enfoque para profundizar al extremo la mercantilización de la vivienda, lo que «implica su transformación total en un bien accesible solamente a través del mercado, eliminándola de la categoría de derecho social, como hasta hoy se encuentra consagrada en la Constitución Nacional».
Propuestas de mercantilización
Barreto señaló que los objetivos de «mercantilizar» el acceso a la vivienda social se trasluce en el proyecto de la denominada Ley Ómnibus que no ha logrado aún el tratamiento esperado por el Gobierno en la Cámara de Diputados.
En ese aspecto, aludió al apartado destinado al impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, que expone que el nuevo gobierno espera que el sector privado abarque con las ofertas de desarrollos inmobiliarios a los sectores que hasta hoy no pueden acceder a la vivienda a través del mercado, entendiéndose que lo hará de la mano del sector financiero con el otorgamiento de créditos hipotecarios.
«Gran utopía del neoliberalismo mundial, de imposible concreción sin la ayuda de los subsidios públicos, ya sea en el financiamiento directo o a través de la banca pública y/o privada», opinó Barreto en el artículo publicado en Café de las Ciudades.
Otra medida que avanza en esta misma dirección, acota, es la del Decreto 70-2023 (DNU) que deroga la Ley de Alquileres Nº 27.551 y liberaliza casi completamente la relación entre propietarios e inquilinos, dejando al arbitrio de las partes la determinación de las cantidades y tipo de monedas entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación.
Asimismo, habilita a las partes a pactar el ajuste del valor de los alquileres y de igual modo, a pactar libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior a mensual y también el plazo de las locaciones será el que las partes establezcan.
«En síntesis, desregula prácticamente toda la relación entre locatarios e inquilinos, dejando de contar el Estado con instrumentos para defender a los inquilinos en casos de subas por encima de lo razonable (medidas en porcentaje de la canasta de vida) o de cualquier otro exceso que pueda ocurrir», indicó el investigador de la UNNE y Conicet.
Barreto señaló también que las medidas tomadas sobre la nueva organización institucional (Ley de Ministerios) implican un retroceso desde la perspectiva de la vivienda como derecho social, ya que degradan el espacio institucional otorgado a la atención de la problemática.
«Si bien el Estado nacional aún está lejos de contar con un sistema habitacional integral para los sectores de menores recursos, había avanzado en las últimas décadas en la organización institucional de la política habitacional y en el gobierno anterior se había dado un paso importante con la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con amplia competencia sobre la problemática, que reconocía a la vivienda como un derecho y una necesidad para el bienestar de la población», aportó.
Futuro incierto
En síntesis, para Barreto si bien aún es prematuro realizar un análisis detallado de la política habitacional que implementará el nuevo gobierno de Javier Milei, los anuncios realizados y las medidas propuestas no avizoran nada bueno.
«Minimiza una problemática estructural muy grave del país, como es la resolución adecuada del problema habitacional de una amplia franja de la población, y propone un enfoque anticonstitucional que busca profundizar la mercantilización de la vivienda y que solamente agravará aún más la situación actual», concluyó.
