Estudiantes, docentes, abogadas, abogados, magistradas, magistrados, representantes y personal judicial participaron de la actividad que se realizó en el Edificio Histórico de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Organizada por el Departamento de Derecho Procesal, la misma tuvo por finalidad capacitar desde la Universidad y en articulación con el Poder Judicial, sobre la Ley N°6.620 que entró en vigencia el 1 de febrero de este año.
“La idea es que quienes participamos de la comisión original, la doctora Nidia Billinghurst, la doctora Ana Daverio, Belén Güemes, Marcela Oviedo y yo, y también el doctor Rubén Sadi y la doctora Mirta Sotelo de Andreau, entre otras personas que participaron del debate a partir de la intervención de la comisión de la cámara de Diputados, cuando ya estaba presentado formalmente el proyecto”, dijo el presidente del Superior Tribunal de Justicia y profesor de nuestra Casa de Estudios, Luis Eduardo Rey Vázquez.
El doctor Rey Vázquez explicó que la jornada fue diseñada para abordar distintas novedades que trae el Código como “medidas cautelares de personas vulnerables, temas vinculados a la materia administrativa, a las pretensiones procesales, a distintos aspectos que tienen que ver con las novedades en los procesos por audiencias, el tema del uso del lenguaje claro”, entre otras cuestiones que trataron las y los disertantes en el Aula Magna de la sede ubicada en Salta 459, de la capital correntina.
“Creo que es una buena iniciativa porque en el arranque prácticamente de la entrada en vigor del Código, se está generando una actividad que tiende a difundir hacia la comunidad, hacia todos los operadores jurídicos: abogados, profesores, estudiantes y todos aquellos interesados en conocer esta normativa procesal”, subrayó.
Por su parte la subdirectora del Departamento de Derecho Procesal de nuestra Facultad, doctora Nidia Billinghurst se refirió al “sentido de esta reforma y su misión para brindar una tutela judicial efectiva”. Precisó la posibilidad que brinda el nuevo código para, “quien necesiten la intervención del órgano oficial ante una actividad que pueda ser irregular y afectar los derechos de las personas recurran al fuero procesal administrativo y encuentren esa sentencia, esa solución en tiempo oportuno, porque una justicia tardía no sirve”.
“Se hicieron un montón de cambios que vale destacar, fueron producto de la incorporación de prácticas forenses, jurisprudencia y la reflexión e incorporación de normas de las fuentes consultadas con otros códigos procesales vigentes en el país”, dijo la doctora Billinghurst.
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Protección a los sectores vulnerables
“Es una pieza de avanzada porque recepta las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia, principalmente brinda protección a las personas humanas en condición de vulnerabilidad, plazos razonables para resolver los conflictos, celeridad en los procesos, la inmediación del juez con las partes, la posibilidad de que en aquellos procesos que fuese posible, el juez disponga que se realicen los procesos por audiencias, lo mismo que en el proceso civil y comercial. Incluso es obligatorio cuando se trata de daños y perjuicio, lo que posibilita el dictado de la sentencia de manera oral, por el juez”, señaló por su parte el profesor Rubén Darío Sadi, Director del Departamento de Derecho Procesal.
En ese contexto se desarrolló la primera capacitación en torno a la nueva normativa, con la impronta de otras actividades similares que están previstas a lo largo del año, a cargo de dicho Departamento de la Unidad Académica.
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