El miércoles 27 de abril se realizó la tercera audiencia pública del juicio por la Masacre de Napalpí, matanza indígena ocurrida el 19 de julio de 1924 en lo que hoy se conoce como Colonia Aborigen. Durante la jornada, investigadoras y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste expusieron las conclusiones de sus trabajos y publicaciones sobre la temática.
Al inicio de la audiencia, la jueza Zunilda Niremperger recordó que el juicio por la verdad no tiene implicancias penales y que solo busca esclarecer una determinación de los hechos. Además, aclaró que la modalidad del juicio por la verdad es la metodología que se eligió, dado que al momento de iniciar la investigación judicial en el año 2014 ya no había ningún acusado con vida.
Como en cada audiencia del juicio por la verdad, se explicó que existe un compromiso internacional del Estado argentino de juzgar los crímenes de lesa humanidad y de cumplir con el derecho de las víctimas, sobrevivientes y de sus descendientes. Este juicio por la verdad pretende una reparación histórica para las comunidades indígenas, a través de una sentencia penal que siente una posición oficial sobre la Masacre de Napalpí.
La jornada continúo con los testimonios entre los que se destacaron los de investigadoras y docentes de la UNNE. Teresa Artieda, fue la primera en brindar su testimonio. Ella es directora del Doctorado en Educación y Co-directora de la Diplomatura Universitaria en Pueblos Indígenas e Interculturalidad, de la que también fue co-autora junto con Lecko Zamora del Pueblo Wichí. También es co-autora e integrante del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE. Artieda es doctora en Educación y magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación, fue durante varios años profesora titular en la Facultad de Humanidades y actualmente se encuentra jubilada.
Tiene varias publicaciones, investigaciones y trabajos sobre los proyectos educativos para las comunidades indígenas y el rol que tuvo la educación durante la reducción de Napalpí.
«Los pueblos indígenas tienen el pleno derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia, la preocupación creciente respecto del racismo, que impera en nuestra sociedad y nuestra cultura y la posibilidad de colaborar», dijo Artieda en cuanto a las motivaciones de su presentación en el juicio.
«Estoy segura que un juicio de este tenor ayuda a sanar, a abrazar el sufrimiento y quizás a instalar un grado de esperanza entre los pueblos indígenas y nosotros, porque es la historia que nos debemos todos y todas», agregó.
En su alocución, la docente e investigadora de la UNNE se refirió a los libros de lecturas utilizados para la escuela primaria de la época, los cuales tenían un discurso donde se construía una imagen cruel y peyorativa de los indígenas y se mostraba al Chaco como un lugar de riquezas naturales para ser aprovechadas por el Estado y por los procesos productivos.
“El Estado nacional a través de su política educativa, desde fines del siglo XIX hasta la reducción de Napalpí y el hecho que estamos juzgando, ha hecho su parte en la generación de condiciones para la ocurrencia de esta matanza”, sentenció.
“Esta masacre no fue un acto excepcional, sino una consecuencia esperable dentro del proceso de invención de los pueblos indígenas como enemigos internos y el genocido ejercido por el Estado”, agregó Artieda. A la vez que contó que en numerosos libros escolares se presentaban a los indígenas como “enemigos”, “temibles” e “implacables” y que “no había otro camino que aniquilarlos, porque se trataba de ellos o nosotros”.
La investigadora aclaró que todos los libros que se usaban en las escuelas primarias eran avalados por el Consejo Nacional de Educación. “He trabajado con más de 100 libros editados en ese momento y he podido encontrar mayoritariamente un discurso desvalorizador, peyorativo y desembozado contra los pueblos indígenas y en particular con los del Chaco”, precisó.
Sobre la Reducción de Napalpí, señaló: “Tiene un origen de violencia porque fue poblada por aborígenes sobrevivientes de las campañas militares. Fue gestada y se mantuvo en un clima de violencia y peligro latente, era un sistema de concentración de estos grupos que estaban impedidos de moverse por el territorio, salvo con un salvoconducto y que se constituían como mano de obra de reserva para las explotaciones privadas”.
La institución educadora
Artieda reconoce a la reducción como una institución educadora en sí misma: “Fue otro modo de controlar a los indígenas, bajo la excusa de enseñarles las labores de agriculturas, para pacificarlos y civilizarlos mediante el trabajo”.
La educación en la reducción estaba basada en relaciones de sometimiento, miedo y terror, buscando incorporarlos a los estratos más bajos de los sistemas productivos, incluyendo a todas las personas, también ancianos y niños. “No era solo enseñarles un oficio, suponía modificar radicalmente y dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vincularse con la naturaleza, su espiritualidad y su organización social y prohibir sus idiomas”, detalló la investigadora.
“La educación va a ir generando las condiciones para que en ese antagonismo, el que salga debilitado sea el indígena”, concluyó.
Artieda mencionó que desde la educación en la reducción también se trabajaba arduamente en la castellanización y no permitir el uso de los lenguajes indígenas, porque eran considerados una manifestación de la barbarie y muy precarias.
«La reducción en sí misma, con la concepción de encierro educador y la escuela para la infancia, fueron funcionales al proceso de proletarización, al tiempo que fueron funcionales al proceso de desarticulación de sus sistemas de vida y al genocidio del cual la Masacre de Napalpí es una de sus dolorasas manifestaciones», concluyó.
