Tras la reciente creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del gobierno Nacional, el Presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fernando Stanich dialogó con RADIO UNNE para manifestar su preocupación ante las consecuencias que podrían derivar en el ejercicio de la libertad de expresión y la calidad democrática ante la clausura del debate.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, anunciada por el Gobierno Nacional abrió un debate sobre el rol del Estado en la discusión pública y su vínculo con la prensa. El Ejecutivo presentó oficialmente el pasado jueves la cuenta oficial a través de la red social X para contrastar públicamente noticias que considera falsas y dejar en evidencia operaciones políticas por parte de los medios y periodistas.
En diálogo con RADIO UNNE, el presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fernando Stanich, analizó el alcance de la iniciativa y expuso la posición institucional de la entidad —que nuclea a periodistas de todo el país y promueve la defensa de la libertad de expresión, la ética y la calidad profesional—, manifestando su total rechazo a la medida anunciada.
Stanich comenzó señalando que, en primera instancia, lo que hace esta iniciativa es “clausurar el debate o aporte de cualquier tipo de información. Lo que entendemos, a priori es que lo que el gobierno trata de hacer es erigirse como árbitro de la verdad, señalando aquello que le parece cierto o no. Y la verdad, que, si bien parece noble el propósito, porque todos estamos de acuerdo que hay que combatir la desinformación, no es ni el modo ni el método, porque en realidad, lo que se está planificando detrás, es decir cuándo un asunto de interés público puede seguir debatiéndose o no”.
El Estado como árbitro de la verdad
Desde FOPEA consideran que el problema no reside en que el Estado fije posición ante publicaciones periodísticas, sino en la modalidad elegida. “Está bien que el Gobierno salga a dar su posición sobre lo que se publica. Pero no se puede intentar que el periodismo avance clausurando con un ‘esto es falso’ o ‘esto es verdadero’. En todo caso, se debe aportar información para que la discusión sea transparente y que llegue a la sociedad de manera rigurosa”, agregó.
Además, puso en el ojo del debate la forma en cómo fue presentado este proyecto. “Cuando uno analiza el contenido, se da cuenta de que en realidad es una cuenta de red social que responde de manera automatizada y señala al periodista. No aporta información ni abre el debate, sino que lo clausura”, sostuvo. En este sentido agregó que, “la Oficina de Respuestas afecta a la calidad democrática. Si lo que se busca es el ataque directo al periodista y al medio, entonces lo que hay detrás en realidad es un método de persecución y de señalamiento encubierto”.
“Está bien que el Gobierno salga a dar su posición sobre lo que se publica. Pero no se puede intentar que el periodismo avance clausurando con un ‘esto es falso’ o ‘esto es verdadero’. En todo caso, se debe aportar información para que la discusión sea transparente y que llegue a la sociedad de manera rigurosa”.
Sobre las consecuencias de la medida, advierte que genera autocensura en los periodistas que trabajan en asuntos de interés público. “El periodista termina siendo hostigado o preso de la milicia digital del oficialismo a través del ecosistema digital y esto debilita la profesión ya que lo que hace es acobardar a profesionales con insultos y agresiones. Entonces genera más violencia y autocensura, afectando claramente la calidad de la información que se transmite a la sociedad”, agregó.
Oficio del periodista: trabajar bajo presión, hostigamiento y autocensura
FOPEA viene registrando en los últimos años un aumento de agresiones contra periodistas. En este sentido, el referente también puntualizó sobre la existencia de situaciones que no siempre se denuncian y que configuran un subregistro de presiones que no se dicen y que altera la profesión, especialmente en el interior del país, cuando hay levantamiento de notas o condicionamientos vinculados a la pauta oficial.
“Desde que llegó Javier Milei al poder, lo que tenemos es un agravamiento de agresiones tanto físicas como virtuales contra los periodistas. Se pasó de la violencia en las calles a hostigamientos a través de redes. Hoy, Capital Federal, es el centro neurálgico que reúne la gran cantidad de agresiones, pero en las provincias del interior de la Argentina, también tienen situaciones bastantes complicadas. Los periodistas ya naturalizamos trabajar bajo presión y no lo denunciamos. Por ejemplo, es común en nuestro oficio escuchar sobre qué podés hablar y qué no, o que te levanten una nota en un diario porque puede incomodar al poder o generarle problemas al medio por el reparto de la pauta oficial estatal. La verdad es que hay una situación de agravamiento para el ejercicio de la profesión”
En su análisis, Stanich remarcó que el Estado cuenta con mecanismos formales para participar del debate público y garantizar la transparencia. “Los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas porque eligieron ocupar un cargo de representación pública. Una de las herramientas son las conferencias de prensa. Entonces, el Presidente, por ejemplo, debería dar conferencias de prensa más continuas, y es algo que, en la realidad, no lo hace sino que se van a los medios en donde se siente más cómodo para dar su opinión. Y no debería ser así”, indicó.
Poniendo el ojo de la tormenta en la nueva “Oficina de Respuestas Oficial”, remarca que “no contesta. Y ahí te das cuenta que lo que hay es un bot o algo muy automatizado que no responde. Pero, sí denota su accionar cuando disiente con el contenido de alguna información, porque lo que hay es un ataque directo”.
Un escenario que requiere mayor rigurosidad de datos e investigación
Ante este contexto de mayor presión y hostigamiento contra periodista, Stanich enfatizó la necesidad de fortalecer prácticas básicas del oficio: “Es decir, volver a la base que tiene que ver con chequear la información, verificar que lo que estamos haciendo o hablando sea cierto, consultar a más de una fuente. La multiplicidad de fuentes es fundamental, contrastar opiniones”. Y agregó que también resulta necesario moderar la adjetivación: “Muchas veces la discusión deja de centrarse en el contenido de la nota y pasa a enfocarse en cómo se la presenta”.
Asimismo, reafirmó que el periodismo no se arroga la verdad absoluta: “Los periodistas no somos dueños de la verdad. Tampoco lo es el Gobierno. Nosotros hacemos un aporte a la discusión pública. Luego, la ciudadanía saca sus propias conclusiones. Podemos estar equivocados como periodistas y hay que reconocerlo. Pero eso no habilita al Gobierno a señalar que un reportero participa de una operación política o está ‘ensobrado’. Por el contrario, sostenemos la necesidad de autocrítica y sabemos que estamos expuestos a ella, pero señalar públicamente a periodistas solo genera más violencia”.
“Los periodistas no somos dueños de la verdad. Tampoco lo es el Gobierno. Nosotros hacemos un aporte a la discusión pública. Luego, la ciudadanía saca sus propias conclusiones».
Redes sociales, relato único y el debate sobre la inestabilidad el Estatuto del Periodista
Otro de los puntos planteados por el presidente de FOPEA es el impacto que la comunicación directa vía redes sociales puede tener sobre el ecosistema informativo. “El Gobierno busca instalar la idea de que el periodismo no sirve y que puede comunicarse directamente con la sociedad. El riesgo es que se instale un relato único, sin voces disidentes que participen del debate”, expresó.
En paralelo, Stanich remarcó que el Gobierno promueve la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. FOPEA considera que esta discusión tiene implicancias más amplias que las estrictamente gremiales. “La confidencialidad de la fuente es sagrada constitucionalmente. El Estatuto garantiza estabilidad laboral y una indemnización especial en caso de despido sin causa. Eso protege al periodista que investiga al poder y evita que sea despedido por presiones políticas o económicas”, sostuvo.
“El Gobierno busca instalar la idea de que el periodismo no sirve y que puede comunicarse directamente con la sociedad. El riesgo es que se instale un relato único, sin voces disidentes que participen del debate”.
Según Stanich, la eliminación de esas garantías podría impactar en la profesionalización del oficio. “Derogar el Estatuto afectaría directamente la investigación periodística y, en consecuencia, la calidad de la información disponible para la ciudadanía”, advirtió.
Desde un comunicado oficial, el mismo día del anuncio de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, FOPEA recordó que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad mediante el rigor profesional, el chequeo de información y la multiplicidad de fuentes, no la imposición de un dogma desde una posición de poder.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, concluyó Stanich.
El debate en torno a la relación entre el Estado y el periodismo, se instala así en la agenda pública, con serias implicaciones que condicionan el oficio profesional y genera efectos sobre el sistema democrático y la libertad de expresión.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”.
