Tras el Plenario de Rectoras y Rectores extraordinario del CIN, del que participó el rector de la UNNE, Omar Larroza, se emitió una declaración que reitera el pedido de mayores fondos, de apoyo del Congreso a la educación superior y acompañamiento social. Advierten que con las cifras que establece el proyecto presidencial “quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad”.
Reunidos en el Plenario extraordinario que se realizó con motivo de los cuarenta años del Consejo, Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordaron renovar el reclamo de partidas presupuestarias que garanticen la continuidad del funcionamiento de las universidades, recomposición salarial de trabajadores y becas para estudiantes, entre otros aspectos.
El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza participó de la reunión que se desarrolló el martes 2 de diciembre en la sede central del Consejo en la Ciudad de Buenos Aires, y se transmitió en vivo por el canal de YouTube.
Tras el debate y el análisis a partir del lema “Diálogos, democracia y universidad pública. Recuperar los legados para construir el futuro”, las autoridades universitarias rubricaron el siguiente comunicado:
Las universidades nacionales volvemos a solicitar al Congreso de la Nación Argentina que ratifique, una vez más, su posición en defensa de la educación pública en general y de la universidad pública en particular. Tal como lo hiciera, en dos oportunidades, cada una de las Cámaras con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario este año.
Por esto es por lo que hoy pedimos que el Presupuesto Nacional 2026 incremente las partidas necesarias proyectadas con el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario, la que establece las garantías y la protección del sistema universitario argentino, la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles.
Esperamos contar con el mismo apoyo de los representantes del pueblo argentino para que los recursos que se establezcan en la ley de leyes de 2026 incorporen los fondos que permitan establecer parámetros de previsibilidad que eviten la limitación al funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene.
Con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 15 de septiembre quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce.
