Tras la 30º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la licenciada en Ciencias Ambientales y responsable del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dialogó con RADIO UNNE para analizar los eventos climáticos extremos que están afectando al país en las últimas décadas, el estado de los planes de acción en mitigación y adaptación al cambio climático, y los riesgos de seguir postergando decisiones clave.
El pasado lunes 10 de noviembre se realizó en Belém, Brasil, la 30º Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por primera vez, el principal foro internacional sobre clima se desarrolló en el corazón de la Amazonia, un territorio clave para la regulación climática global.
Durante dos semanas, representantes de más de 180 países debatieron estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar financiamiento para la adaptación y avanzar hacia una transición energética justa. En ese escenario, la posición del país quedó en evidencia debido a una falta de políticas públicas sostenidas a nivel nacional.
La ley 27.520: normativa clave, pero con aplicación limitada
Argentina cuenta desde 2019 con la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, una norma que estableció un marco integral para ordenar la política climática nacional, en línea con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales del país.
Sin embargo, a más de cinco años de su sanción, Mercure, explicó que si bien en Argentina contamos con dicha ley que exige un presupuesto mínimo para elaborar planes de acción a fnies de reducir las emisiones de gases de efecto, hoy son sólo tres las provincias que efectivamente cuentan con un plan pensado en dar respuestas a los eventos climáticos inesperado. Este registro fue aprobado a nivel nacional y cuenta con respuestas, soluciones y diagnósticos locales para reducir emisiones como así también para adaptarse ante catástrofes.
La ley establece que cada provincia debe elaborar un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PRCC) inventarios de emisiones y medidas de mitigación y adaptación. Sin embargo, como lo mencionó la especialista, “hasta el momento, solo tres provincias (Jujuy, La Pampa y Misiones) lograron la convalidación nacional de sus planes. Otras once se encuentran en proceso de revisión, mientras que el resto aún no los presentó formalmente.
Capacidades técnicas y desigualdad territorial
Las dificultades no son homogéneas. Cada provincia enfrenta contextos climáticos, productivos y presupuestarios distintos. Además, como mencionó la referente, las voluntades de acción, a pesar de contar con mayor índice de emisión de gases contaminantes, también son particulares de cada región. “Cada provincia tiene condiciones climáticas muy distintas y contextos característicos en torno a su matriz productiva. Además, la elaboración de inventarios y planes de acción requieren información detallada como así también contar con equipos técnicos especializados, un proceso costoso que muchas provincias no pueden afrontar sin apoyo nacional”, señaló Mercure.
«La elaboración de inventarios y planes de acción requieren información detallada como así también contar con equipos técnicos especializados, un proceso costoso que muchas provincias no pueden afrontar sin apoyo nacional”.
Consultada sobre cómo enfrentar la problemática en escenarios cada vez más adversos, señaló que el primer paso es identificar qué sucede en las provincias que más emisiones generan. “Después, otro de los ejes que me parece importante reforzar tiene que ver con las políticas de adaptación. Cuando observamos eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y de frío, aparece un punto clave: muchas veces el foco está puesto en la mitigación del cambio climático, es decir, en la reducción de emisiones, pero poco se habla de cómo adaptarnos a estos fenómenos que ya están ocurriendo en nuestros territorios”, explicó. En ese sentido, advirtió que la Argentina es altamente vulnerable, especialmente frente a las inundaciones, y subrayó que “los territorios menos preparados, que no se diagnostican ante los riesgos, son los que más sufren”.
“Es allí donde ese plan de acción climática en las provincias cobra una gran relevancia. Aquí es clave preguntarse: ¿Cómo vamos a hacer para adaptarnos?; ¿Qué medidas políticas vamos a tomar para tratar que las catástrofes nos peguen de la menor medida posible a nuestros territorios, comunidad y sistemas productivos?”, aseveró la especialista.
El diagnóstico de Chaco y Corrientes frente al cambio climático
Si bien Chaco y Corrientes, reportan un porcentaje bajo en las emisiones nacionales, su nivel de vulnerabilidad es alto. “Según la información que vamos teniendo, Chaco está en proceso de preconvalidación, mientras que Corrientes aún no presentó su plan a Nación”, indicó la responsable del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Chaco está alrededor del 5% de las emisiones, Buenos Aires del 25%, Santa Fe del 7% y Córdoba del 6,5%. Corrientes no llega ni al 1%”, explicó. En cuanto a las provincias que sí cumplen con un plan de acción aprobado afirmó que son: Jujuy, La Pampa y Misiones.
La discusión climática suele centrarse en la reducción de emisiones, pero Mercure subraya la importancia de la adaptación. “Muchas veces el foco está puesto en la mitigación, pero poco se habla de cómo adaptarnos a los eventos climáticos extremos. Sequías, inundaciones, olas de calor y frío afectan ya están ocurriendo con mayor intensidad”, afirmó.
Asimismo, agregó que el cambio climático no se mide de un año a otro, sino a lo largo de décadas. “Cuando hablamos de cambio climático hablamos de una modificación de variables como temperatura y precipitaciones a lo largo del tiempo, en registros de entre 10 y 30 años”, explicó.
En Argentina, los impactos ya son visibles. “Estamos experimentando eventos climáticos cada vez más extremos, severos y frecuentes. Según datos del Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales en el país, lo que expone una alta vulnerabilidad estructural”, advirtió.
Los efectos son variados demográficamente en el territorio nacional. “En el norte se espera un aumento de la temperatura muy superior al promedio nacional con lluvias intensas e inundaciones. Sin embargo, en el sur, la principal amenaza es el retroceso de los glaciares y el aumento del nivel del mar”, señaló.
Un desafío urgente y federal
El informe de FARN también advierte sobre la escasa ejecución presupuestaria de la Ley 27.520. Desde su incorporación al presupuesto nacional en 2021, los montos ejecutados han sido mínimos y, en algunos años, nulos. En un contexto de debilitamiento institucional y retrocesos en políticas ambientales, la especialista remarca la urgencia de revertir esta tendencia.
“La falta de medidas de prevención y gestión luego repercute en pérdidas económicas, materiales y emocionales. Un plan de trabajo es fundamental, considerando que los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, concluyó.
“Estamos experimentando eventos climáticos cada vez más extremos, severos y frecuentes. Según datos del Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales en el país, lo que expone una alta vulnerabilidad estructural”.
