La comisión de coordinación se reunió días atrás y estableció un plan de trabajo para avanzar el año entrante en la rectificación y entrega de los documentos. Se estiman en más de 170 los estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste desaparecidos. No descartan que la cifra sea mayor.
Avanza en la Universidad Nacional del Nordeste, el trabajo de identificación de los legalos de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico militar. Una medida simbólica de reparación y aporte a la identidad, dispuesta por Resolución del rector, Dr. Omar Larroza, para la restitución de estos documentos de quienes vieron interrumpida su trayectoria académica por la violencia estatal ejercida en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional, desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando se recupera la democracia.
La comisión especializada que tiene a su cargo el proceso definió un plan de acción que se cumplirá en 2026. Así, en coincidencia con los 50 años del golpe de Estado de 1976, se repararán y entregarán los documentos que llevarán la inscripción: “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la Docencia enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.
El pasado viernes se reunió de manera virtual, la comisión de coordinación. Participaron el Secretario Legal y Técnico de la UNNE Fabrizio Sartori, el coordinador de la Comisión Investigador y Doctor Aldo Avellaneda, los referentes de la Cátedra de DD HH, Norberto Liwski y contado Rudy Pérez y por las unidades de DD HH de las Fiscalías Federales de Corrientes y Chaco Marisa Sanauria y Diego Vigay.
Sartori informó que todas las facultades habían designado un responsable para el trabajo de búsqueda de los legajos en sus archivos; con quienes se realizará una próxima reunión organizativa del plan de trabajo 2026.
Además, se coincidió en articular el trabajo con todos los espacios de memoria y organismos de DD HH del Nordeste, en vista a la realización de probablemente dos actos públicos de restitución de legajos en el marco de cumplirse en 2026 los 50 años del golpe de estado, en fechas emblemáticas como el 24 de marzo y el 10 de diciembre.
Actualmente el listado de víctimas desaparecidas y sobrevivientes supera el número de 170 abarcando estudiantes, profesores e incluso no docentes de todas las Facultades, que fue confeccionado en base a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, llevados adelante en los tribunales federales de la región entre los años 2004 y 2024.
En los Juicios Orales y las Sentencias respectivas se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la UNNE fueron detenidos ilegalmente, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, incluso en muchos casos fueron asesinados y se encuentran desaparecidos.
Estuvieron secuestrados en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada «Casita de Mártires» de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía de cada lugar y las unidades penales federales N°7 y N°10.
El número incluso podría ampliarse a partir de nuevos relevamientos de las causas judiciales, legajos CONADEP y decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Resolución del Rectorado
La Resolución Nº 1448/2025 del Rectorado de la UNNE, dispuso la rectificación y entrega -en un acto público- de los Legajos de Estudiantes y Docentes que fueron víctimas de la última Dictadura Militar, colocándose la inscripción de la frase “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.
La Universidad Nacional del Nordeste ha realizado en los últimos años numerosas actividades en las distintas Unidades Académicas, vinculadas a asignaturas o áreas específicas, tendientes a la visibilización de historias de vida, como así también a la contextualización de situaciones socio-históricas locales También se han llevado adelante acciones y actividades tendientes a la producción de contenidos audiovisuales, la participación en juicios, la reparación de documentos de archivos, entre otros.
En los fundamentos de la Resolución se explica que “las políticas de “reconocimiento” y de “reparación” son centrales a la vigorización de una comunidad, toda vez que permiten la visibilidad y el reconocimiento por parte de las instituciones universitarias de las acciones lesivas de derechos humanos desarrolladas en periodos de interrupción democrática en el pasado”, por lo que “resulta en una decisiva contribución tanto a la reparación de situaciones trágicas como al propio posicionamiento de la Universidad frente a tales hechos”.
Asimismo, se fundamenta: “Que estas razones vuelven necesario el desarrollo por parte de la Universidad Nacional del Nordeste de medidas tendientes a dejar constancia tanto de las personas reconocidas oficialmente como detenidas-desaparecidas y vinculadas al momento a la institución, así como de quienes debieron interrumpir sus desempeños laborales o estudiantiles producto de tipos variados de persecución y acoso…”.
La iniciativa fue promovida por las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, quienes habían planteado en sus alegatos en los juicios de Lesa Humanidad, diversas medidas de reparación a las víctimas, como la rectificación de los legajos en la Universidad.
“Los legajos son nuestros documentos, incluyen nuestras biografías: en ellos se plasman las trayectorias, el desempeño individual, constituyen una hoja de ruta del individuo en relación con la institución de la que formó parte…”, le manifestaron al rector de la UNNE, Dr. Omar Larroza, en la reunión mantenida en septiembre de 2024.
Y sumaron: “La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar”.
“La identidad intenta ser restituida al consignarse en ellos que los estudiantes o profesores que fueron detenidos no eligieron dejar de estudiar o de enseñar, sino que fueron arrancados de la sociedad para ser detenidos por razones políticas durante los años que duró la dictadura militar”.
