Marcela Kriskovich, representante de Prestadores de Discapacidad Unidos, dialogó con Radio UNNE para compartir el impacto del veto del Ejecutivo Nacional a la ley que buscaba subsanar parte de la crítica situación que atraviesan las familias y prestadores de servicios: “Hay un abandono por parte del Estado, ya no vela por nuestros derechos. No puede ser que la salud de calidad solamente sea para algunos pocos”, aseguró.
El presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Denuncian que el veto implica una quita directa de derechos, dejando a miles de personas sin acceso a prestaciones esenciales y poniendo en riesgo la continuidad de clínicas y centros de día.
“La situación es crítica hace mucho tiempo y esta gestión nos lleva a que cabemos nuestra tumba, porque esa es la realidad. Muchas personas con discapacidad ya están fuera del sistema y las prestaciones pasarán a ser un privilegio solamente para aquellos que puedan abonar. No todos los padres están en una situación económica buena para abonar aquellos tratamientos que no se reconozcan en la obra social”, sostuvo la prestadora de servicios.
“La situación es crítica hace mucho tiempo y esta gestión nos lleva a que cabemos nuestra tumba. Muchas personas con discapacidad ya están fuera del sistema y las prestaciones pasarán a ser un privilegio solamente para aquellos que puedan abonar».
La decisión presidencial fue justificada por el gobierno con criterios fiscales, señalando que las leyes vetadas implicaría un gasto adicional significativo para el Estado, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y comprometiendo el pacto financiero con organismos internacionales. Se estimó un impacto para el gasto público cercano al 0,9% del PBI en 2025 y 1,68% en 2026, incluyendo también vetos a aumentos para jubilados y moratoria previsional.
Las medidas que contemplaba la ley vetada incluían la actualización mensual de los aranceles para prestadores del sistema de salud, educación, rehabilitación y transporte; la reforma del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad; el sostenimiento de talleres protegidos y centros de día; y la garantía del cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Movilización y búsqueda de respuestas
Esta semana, organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y familiares convocaron a movilizaciones y jornadas de paro en distintas plazas del país para repudiar la medida del Ejecutivo Nacional. En el aire de la 99.7, Kriskovich relató su dura experiencia al participar de la movilización convocada en Capital Federal frente al Congreso Nacional.
“Fue sumamente angustiante ver tanto despliegue de Gendarmería, Policía, que nos empujaban. Quedé en medio de la policía y los chicos, no podía creer que nos traten como si fuéramos chorros, terroristas. Éramos familias, personas con discapacidad, prestadores que tratamos de defender los derechos de los chicos. Nos dolió muchísimo el trato que hemos recibido por parte del presidente de la Nación”, declaró quien también es madre de un menor de edad con discapacidad.
“Nos dolió muchísimo el trato que hemos recibido por parte del presidente de la Nación”.
Kriskovich remarcó que sin esta ley muchas prestaciones de salud, educación y movilidad para personas con discapacidad estarían en riesgo, y que la población discapacitada es uno de los sectores más vulnerables y golpeados económicamente. La esperanza está puesta ahora en que el Congreso pueda revertir el veto con una mayoría especial, dado el alto consenso que tuvo la ley en ambas cámaras.
“Hay que conseguir los dos tercios para frenar el veto. La discapacidad atraviesa todos los colores políticos, la lucha no vamos a bajarla. Les pedimos a los senadores y los diputados, que son los que nos tienen que defender, y tienen que seguir manteniendo la mano levantada, que no negocien. Porque la salud no se negocia, los derechos no se negocian”.
“Hoy la barrera más grande para la inclusión real que tenemos es la barrera del Estado, que es el que nos está quitando los derechos. Están blindados, porque ni siquiera te escuchan, no te hablan, no se reúnen con nosotros. Nos deja muy invisibles, y encima cuando se aprueba la ley, a los 30 minutos sale el presidente y se ríe, y dice lo voy a vetar. Esa risa es la que molesta, la deshumanización”, criticó la referente.
«Les pedimos a los senadores y los diputados, que son los que nos tienen que defender, y tienen que seguir manteniendo la mano levantada, que no negocien. Porque la salud no se negocia, los derechos no se negocian”.
