Desde el Ministerio de Economía anunciaron que se impulsará una reforma del régimen tributario argentino, centrada en simplificar el sistema y fomentar la circulación de los dólares que se mantienen en el mercado informal, vinculados con los «ahorros bajo el colchón». Radio UNNE analizó sobre los desafíos normativos y el rol de las provincias en el plan nacional, con Ataliva Laprovitta, profesor titular de la cátedra de Economía Política de la Facultad de Derecho de la UNNE.
El licenciado en Economía explicó que el Gobierno intenta ampliar la circulación de dólares sin emitir nuevos pesos, mediante la incorporación al circuito formal de los ahorros en divisa extranjera que permanecen fuera del sistema financiero. Las cifras oficiales indican que el monto superaría los 200.000 millones de dólares según datos del 2024.
“Lo que se persigue es la remonetización de la economía. El recorte del gasto público y el recorte de la base monetaria por la restricción a la emisión tuvo consecuencias sobre los niveles de consumo, y más preocupante sobre la caída del nivel de actividad. Esto generaría un incentivo importante a los tenedores de ahorro en dólares, pero sin una ley que lo contenga va quedar en una promesa sin efecto jurídico profundo”, adelantó.
«Esto generaría un incentivo importante a los tenedores de ahorro en dólares, pero sin una ley que lo contenga va quedar en una promesa sin efecto jurídico profundo”.
Laprovitta indicó que la medida surge por el reconocimiento del alto nivel de informalidad financiera del país: “El gobierno estima que hay unos 250.000 y 350.000 millones de dólares informales en el sistema financiero, lo cual no significa que haya sido obtenido de manera ilegal sino como consecuencia de la necesidad de proteger esos ahorros y volcarse al dólar, como ha sido históricamente”. En este sentido, el docente destacó la relevancia de la propuesta de rediscutir el sistema tributario y rever las modalidades de control fiscal por parte del Estado.
Entre los principales cambios anunciados se eliminan numerosos regímenes informativos que obligaban a reportar consumos personales como compras con tarjetas, servicios públicos, expensas, operaciones inmobiliarias y de vehículos, y se fija un umbral de $50 millones mensuales por persona, debajo del cual los gastos no serán fiscalizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, se crea un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, opcional, basado únicamente en la facturación y los gastos deducibles, haciendo anónimos los consumos personales y facilitando el cumplimiento fiscal.
“Lo que se busca con este anuncio es la simplicidad tributaria y declaratoria de los consumos en las personas que tienen capacidad para hacerlo. Además, también está vinculada con la escasez de reservas que aún tiene el Banco Central y la necesidad de salir a buscar dólares. Es uno de los objetivos que no se dice, pero que está oculto en los anuncios”, consideró el economista.
«(La medida) también está vinculada con la escasez de reservas que aún tiene el Banco Central y la necesidad de salir a buscar dólares. Es uno de los objetivos que no se dice, pero que está oculto en los anuncios”.
Laprovitta además reforzó la importancia de que el Gobierno Nacional haga efectivo el envío de proyectos de ley al Congreso que modifique la Ley Penal Cambiaria y la Ley Penal Tributaria: “Si esto no se produce, en el corto plazo serán sólo anuncios. Este incentivo requiere de un marco legal que contenga y blinde la espalda de quienes estén dispuestos a blanquear sus dólares informales, más aún lo que tiene que ver con el perdón fiscal que muchos están esperando”.
Desde el Gobierno Nacional argumentaron la medida, sosteniendo que el objetivo es concentrar la recaudación en menos impuestos centrales, fomentar la formalización de la economía y mejorar la competitividad empresarial mediante la reducción de impuestos y regulaciones. Ante ello, Laprovitta advirtió sobre la importancia de que las provincias sean también parte del debate por el rol de los impuestos jurisdiccionales.
«Este incentivo requiere de un marco legal que contenga y blinde la espalda de quienes estén dispuestos a blanquear sus dólares informales».
“Muchos tenedores de dólares hoy compran inmuebles, y muchos de ellos se someten a la exigencia legal de tener que pagar un determinado porcentaje de ingresos brutos por la transacción y otros impuestos de sellos. Esto también influye en las definiciones por parte de estos ahorristas. Las provincias tendrían que formar parte de la discusión por los impuesto que imponen a las transacciones, que por ejemplo en el mercado inmobiliario están valorizados en dólares aunque posteriormente en los títulos de compra-venta estén en pesos”, explicó
Otra de las advertencias del economista estuvo dirigida a la necesidad de no descuidar los riesgos que supondría en términos de lavado de activos de actividades ilícitas. Respecto a los ahorristas argentinos remarcó: “Informalidad no significa ilegalidad y la economía necesita remonetizarse, pero se necesitan filtrar riesgos y atender a las advertencias de organismos internacionales. No hay que dejar de observar lo que en nuestra propia región ocurre, que es el narcomenudeo. Hay que analizarlo con mucha cautela para movilizar el nivel de actividad y a su vez advertir los riesgos que están latentes”.
