Tras la masiva marcha en defensa de la universidad pública, con concentraciones a lo largo de todo el país, se volvió a abrir el debate sobre la necesidad de auditar a las casas de altos estudios financiadas por el Estado Nacional. Radio UNNE dialogó con Mario Villegas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, sobre el procedimiento de control de calidad, tanto administrativo como académico, vigente hace tres décadas en nuestro país.
“Las universidades nacionales, como todo organismo público, reciben dinero del Estado para poder funcionar. En líneas generales, el 90% de los recursos se destina para pagar sueldos de empleados docentes y no docentes que están en blanco. El 10% restante es para gastos, destinados a servicios en general, compra de material bibliográfico, insumos para estudio e investigación en cada una de las unidades académicas, compra de equipamiento y mejora de infraestructura”, explicó.
En conversaciones con la 99.7, Villegas indicó que mes a mes las universidades nacionales emiten informes al Ministerio de Capital Humano, para que corrobore la información y lo envíe a los diferentes organismos de control. Otra de esas entidades es la Auditoría General de la Nación: “Es un organismo técnico, que controla también al Ejecutivo, al Congreso, al Poder Judicial, a las provincias y a nosotros, las universidades”, apuntó.
La AGN, dependiente del Congreso, es la encargada de realizar estas auditorías. Su plan de trabajo se rige por una Comisión Parlamentaria Mixta, que aprueba en dónde serán estas revisiones. Para este 2024, se planearon auditorías a la Universidad Nacional de Córdoba, de Jujuy, de La Plata, de Salta y del Nordeste. Este proceso está vigente en Argentina para todas las universidades públicas del país desde el año 1995, tras la aprobación y reglamentación de la Ley 24.521 de Educación Superior.
El artículo 59 bis de la citada norma establece: “El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
Respecto a dicha auditoría interna, Villegas indicó que todas las universidades cuentan con este organismo de control integral que vela por los procesos administrativos, financieros y de gestión tanto de sus Unidades Académicas como del propio Rectorado. En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, fue creada en el año 1993 por Resolución de Consejo Superior, y aplica procesos de evaluación continua en el marco de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
En lo ateniente a los controles académicos, el decano de la Facultad de Derecho compartió que existe un organismo específico para estos fines: “Las universidades tienen un sistema de acreditación institucional de calidad cada seis años, a través de una agencia externa que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Las carreras de grado y posgrado están controladas por la misma agencia, de ahí sale una resolución que establece que cumplimos los estándares de calidad”.
“Los universitarios estamos acostumbrados a los controles, lo cual nos parece bien porque tenemos que rendir cuentas de la comunidad de lo que hacemos con los recursos públicos, para que se conozca cómo sostenemos la excelencia y el prestigio de nuestras instituciones”, afirmó Villegas y añadió: “Las universidades ranquean, dentro del sistema público, la rendición de cuentas y de auditorías permanentes”.
