El proyecto de investigación denominado “El acceso a la justicia como política pública: el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste”, avanza y se consolida desde hace cinco años, durante los cuales se atendieron más de 800 personas y se patrocinaron más de 600 casos. En el Día Mundial de la Ciencia y Tecnología, se destaca este trabajo como ejemplo del valor de la labor científica y su real impacto en la comunidad.
Aprobado por Resolución 1015/19 del Consejo Superior de la UNNE, el 11 de diciembre de 2019, este proyecto se consolidó como una política institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.
El Consultorio y Patrocinio Jurídico de la Facultad atendió, en estos cinco años, unas 835 personas (principalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad social), de los cuales se patrocinaron alrededor de 600 causas.
Desde este espacio, se abordan diversas situaciones jurídicas, entre ellas, se encuentran casos de filiación, divorcio, alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, entre otras varias del derecho civil, analizadas cada una de ellas de manera concreta y desde un enfoque interseccional teniendo en cuenta que muchas de las situaciones planteadas se presentan en contexto de violencia de género, y problemas vinculados a la falta de vivienda, salud, acceso a la información, personas con discapacidad, entre otros.
El trabajo que lleva adelante este Consultorio mereció una publicación de la revista “Programa UNNE justicia. Experiencias del patrocinio jurídico gratuito”, a fines de 2023. Allí se dió a conocer y destacó la labor científica, investigativa y académica realizada por el grupo de investigación dirigido por la Dra. Mónica A. Anís.
“La importancia del proyecto de investigación a mi modo de ver radica fundamentalmente en haber podido unir la labor profesional que realizamos junto con estudiantes, en torno a la atención de personas que pertenecen a grupos sociales desaventajados y poder reunir esa labor con la tarea de investigación, esto tiene un mérito considerable si tenemos en cuenta que la carrera de Abogacía tiene una fuerte tradición profesionalista no unida en lo general, hasta hace un tiempo, a las tareas de investigación”, señaló la doctora Anís sobre el Consultorio Jurídico.
La investigadora valoró “la posibilidad que nos ha brindado la Universidad al haber acreditado este proyecto nos ha permitido indagar en los modos de concreción del acceso a la justicia a través de una política pública brindada nada más y nada menos que desde la universidad en forma completamente gratuita”.
Destacó “poder no solamente realizar nuestra labor cotidiana que tiene que ver con el asesoramiento y el patrocinio jurídico de estas personas, sino fundamentalmente, analizarlas desde la investigación”. Así como también “poder introducir a los estudiantes que nos acompañan, cuatrimestre a cuatrimestre, en las tareas de investigación”.
Ciencia en las universidades: conocimiento para transformar la comunidad
Desde una visión personal de la ciencia, la profesora titular de la Cátedra A de Derechos Humanos de la Facultad consideró: “El mundo en el que vivimos está en constante cambio. Los desafíos sociales, tecnológicos, económicos, políticos e institucionales evolucionan a una velocidad vertiginosa y, en este contexto, es crucial el rol de la investigación en nuestras universidades”.
“En lo que a nosotros nos atañe disciplinariamente, la Justicia independiente, moderna y accesible a la ciudadanía es la base de una comunidad democrática y equitativa, y es nuestra responsabilidad como académicos del derecho, liderar su transformación a través de la formación de mejores profesionales pero sobre todo a través de la investigación jurídica para acercarnos a los problemas, no solo desde una perspectiva práctica, sino fundamentalmente desde una mirada crítica y rigurosa que nos permita pensar las soluciones para mejorar la vigencia de los derechos a toda la comunidad, especialmente, a los sectores desposeídos afectados por pobreza estructural que cuestiona nuestra posibilidad de consolidarnos como una sociedad justa”, destacó la investigadora.
“Entendemos que este proceso exige trabajar muy duro desde nuestras universidades, hacer publicaciones, compartir nuestros hallazgos con la comunidad académica y también ponerlos a disposición de los poderes ejecutivos y legislativos, a jueces y juezas, a abogados y abogadas, quienes pueden utilizar esta información para mejorar el sistema legal y tomar las mejores decisiones”, agregó.
Finalmente reflexionó “nuestra tarea principal es aportar conocimientos para transformar nuestra comunidad. Las sociedades más prósperas y justas han resuelto una abultada agenda de cuestiones sociales e institucionales colocando adecuados incentivos para potenciar el desarrollo de la ciencia que nos permitan realizar las cambios necesarios a una sociedad que exige respuestas claras en torno a la vigencia de sus derechos y a la consolidación de una mejor Justicia”.
