La situación de confinamiento social obligatorio, como medida de prevención ante el avance de la pandemia Covid-19, ha incidido en el aumento en la condición de vulnerabilidad de las mujeres, convirtiendo al hogar y al aislamiento en factores de riesgo directamente relacionados entre sí para aumentar la violencia hacia ellas, incluso la letal. Tal es la hipótesis general de un proyecto federal de investigación del que participan investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional del Nordeste, quienes trabajan en el análisis de casos que se han dado durante la pandemia en las provincias de Chaco y Corrientes.
“Estudio sobre femicidios en contexto de la pandemia COVID-19. Factores de riesgo, respuestas institucionales y políticas públicas comparadas en nueve provincias de la República Argentina”, es el título del trabajo que se lleva adelante en 9 provincias argentinas y se enmarca en la Convocatoria PISAC-COVID-19 – La sociedad argentina en la Post Pandemia.
El mismo, se inscribe en el eje temático “Seguridad, violencia y vulnerabilidades”, y tiene como propósito final aportar evidencias científicas que sirvan a la definición de políticas públicas y propuestas de intervención que atenúen esta problemática. “El propósito es proveer evidencia científica para las políticas públicas destinadas a luchar contra este flagelo”, señaló el Director Responsable del proyecto, Lic. Roberto Luis Gustavo González, quien visitó la región días atrás y mantuvo una reunión con la Rectora de la UNNE, Delfina Veiravé.
“Fue fundamental contar con su apoyo desde el principio, para llevar adelante este proyecto”, dijo tras el encuentro que tuvo lugar el pasado miércoles. “Confiamos en que una persona comprometida como es la Rectora, nos va a ser de mucho apoyo para poder llevar adelante el trabajo”, agregó el investigador del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.
Chaco y Corrientes son dos de las provincias donde se lleva adelante esta investigación, junto a Tucumán, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro.
Unos 19 investigadores e investigadoras de la UNNE componen el Nodo 7 (NEA) de la mencionada Red nacional, compuesta por 119 profesionales de distintas disciplinas. Integran el equipo local, profesionales de los Dptos. Ciencias de la Educación, Educación Inicial y Departamento de Letras, de la Facultad Humanidades; del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y también del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) de la Universidad del Nordeste; así como del CONICET.
“Estamos trabajando desde el año pasado, cuando avanzamos con instancias de capacitación. Y antes de iniciar el proyecto, realizamos un diagnóstico del que surgió que en los primeros meses del confinamiento se incrementaron los casos, y también la violencia. Y que tendría que ver con la obligación de tener que vivir con alguien con quien ya no hay una buena relación, o que quizás la pareja ya estaba separada y por una cuestión económica tuvo que volver a la residencia común. Y todo eso es lo que estamos ahora estudiando para corroborar”, comentó la Mgter. Emilia Gabriela Bruquetas Correa – Investigadora responsable del Nodo NEA, en relación al avance de la investigación.
“Actualmente nos encontramos en la etapa de construcción de datos”, amplió la docente del Instituto de Ciencias Criminalìsticas y Criminología de la UNNE, en relación al trabajo que realiza el equipo investigador, de procesar la información que obtienen de la base de datos que comparten todos los nodos, a través del Sistema Nacional de Información Criminal SNIC dependiente de la Secretaría de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación, y también lo relevado por las policías provinciales. En los casos de Corrientes y Chaco se cuenta además con la participación del Ministerio Público Fiscal.
El equipo investigador trabaja en sistematizar y analizar datos cuantitativos que den cuenta del índice de femicidio para el período de tiempo y muestra de estudio, rastrear los factores de riesgo (patrones culturales y socio-económicos) asociados a los femicidios en contexto de pandemia COVID-19 en mujeres víctimas de femicidio; identificar, reconstruir y analizar las medidas de protección estatal que fueron vulneradas en la ocurrencia de estas muertes; examinar las respuestas institucionales y la adopción de las políticas públicas en cada provincia involucrada y comparar la incidencia y la modalidad del fenómeno en los períodos estudiados en vinculación con las medidas de confinamiento social obligatorio previstas por la pandemia y proponer nuevas gestiones preventivas para el tiempo de post pandemia.
Una investigación necesaria
La muerte de mujeres en contexto familiar, de género o de relaciones de pareja (femicidio) es un flagelo en todos los países; y ello hace comprensible y justificada la preocupación mundial que se expresa en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (Organización de Naciones Unidas). “La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, señala un documento de la OEA -Organización de Estados Americanos– de 1994.
“Esto indica la dimensión social de este problema poniendo en debate las formas culturales en las que muchos de nosotros vivimos cotidianamente”, señalan en el apartado Relevancia del Problema, del proyecto de investigación.
Incluso, “el femicidio se puede entender como la “punta del iceberg” de un conjunto de violencias que operan sobre las mujeres en razón de su género, en diferentes espacios y dimensiones de la vida social”, consideran las investigadoras y los investigadores. “Se entiende, entonces, que el femicidio tiene que ver con la garantía de derechos, que su erradicación es fundamental para lograr la igualdad de género y que su prevención es central en el conjunto de responsabilidades de los Estados”, afirman.
La relevancia de este trabajo de investigación, se refuerza aún más en el contexto pandémico. Como en otros países, en Argentina, la adopción de medidas de confinamiento social (el Decreto 260 del PEN de EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID-19 y sus ampliatorios), potenciaron las condiciones que favorecen un escenario de peligro para las mujeres potenciales víctimas de violencia.
“Lo que en principio podría ser positivo dado que las posibilidades de contagio en la interacción social serían mínimas no sería tal a partir del documento de UNODC pues las relaciones familiares y de pareja o expareja adquieren significancia en el hogar, aún las violentas”, se considera.
“Es posible reflexionar entonces que en el contexto coronavirus COVID-19 la situación de la mujer se vería más vulnerabilizada (CEPAL, 2020) convirtiendo al hogar y al confinamiento en factores directamente relacionados entre sí para aumentar la violencia hacia las mujeres, incluso la letal”, señalan. En igual sentido, desde la ONU afirmaron el año pasado, que la pandemia profundiza los conflictos económicos y sociales por el aislamiento y la restricción de movimiento, por lo que la violencia de género se está incrementando exponencialmente.
“Se hace oportuno -entonces- el análisis de la contradicción emergente entre la prevención sanitaria y la prevención de la violencia a la mujer”, plantean entonces.
Las provincias con más casos en los últimos años
En este escenario surge entonces este estudio comparativo que tiene el objetivo de investigar los femicidios identificando los factores de riesgo intervinientes, las respuestas institucionales y las políticas públicas en un contexto normal y en el contexto de pandemia covid-19, en un contexto representativo. Las nueve provincias argentinas seleccionadas, representan el 71 % de los femicidios registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el año 2019 (Ministerio de Justicia y DDHH, 2019).
A su vez, ocupan el 30 % de la superficie total de la República Argentina; representan el 59 % de la población argentina (proyectada a 2019), y el 59 % de la población femenina nacional (proyectada a 2019).
Este estudio permitirá comparar dimensiones de tiempo y geografía (edad, zona urbana y rural, entre otras). Para ello, se analizarán datos del primer semestre de los años 2019, 2020 y 2021. “Esto nos pone al alcance la posibilidad de analizar en cada una de las provincias que cubre este estudio el comportamiento durante cada semestre seleccionado de variables relacionadas con la seguridad, la violencia y las vulnerabilidades que afectan la vida de mujeres en contextos conflictivos del hogar y las relaciones de pareja”, explican desde el equipo investigador.
Un fenómeno multideterminado
“Un fenómeno multideterminado como es el femicidio merece un enfoque interdisciplinario para su abordaje”, se considera en este proyecto y por ello, se ha constituido un equipo de trabajo con especialistas en diversas disciplinas del conocimiento “que pudieran aportar sus miradas para una lectura comprehensiva tanto de los crudos datos estadísticos como de los universos discursivos sobre el fenómeno que terminan impactando en las políticas públicas que institucionalmente se escogen para afrontar la problemática”.
También, y en función de los objetivos y las hipótesis planteadas, se aplica una metodología basada en un estudio mixto cuanti-cualitativo. “La elección de este tipo de estudio se basa en la intención de lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, puesto que nuestra percepción del mismo resultará más integral, completa y holística. Además, permitirá producir datos más «ricos» y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se considerarán diversas fuentes y tipos de datos, contextos y análisis”, aseguran.
Si bien los datos numéricos resultan de gran utilidad e importancia, y es quizás la información requerida a nivel informativo; “lo que buscamos con este estudio es también poner nombres y rostros a esos números”, dijo Bruquetas y aseguró que “para ello es muy importante desentrañar las cuestiones que están en vínculo con el hecho (el femicidio), porque queremos conocer en mayor profundidad estos hechos; creemos que es la forma de construir un conocimiento que pueda ser utilizado a futuro”.
En ese marco, se da especial atención al análisis de los condicionantes de este flagelo con el consecuente marco de políticas públicas que pueden brindar los Estados a las mujeres para evitar su muerte. Se tienen en cuenta por ejemplo, estudios latinoamericanos que señalan la falta de prevención general que supone la ley penal, al ser la mayoría de los casos de femicidio impunes o mal caratulados. Trabajos para Argentina, que sostienen que el análisis de las sentencias judiciales no solo deja de lado posibles femicidios fuera de las relaciones de pareja, sino que muchas veces garantizan la impunidad al hacer a la mujer responsable de la violencia sufrida.
El aporte de la UNNE y el trabajo asociativo
La Universidad Nacional del Nordeste UNNE representa al Nodo 7 de esta Red de investigación, con sus sedes en las provincias de Chaco y Corrientes. Desde el año 2011, esta Universidad viene trabajando en la temática de esta investigación. A partir de la creación del Centro de Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) bajo la órbita de la Facultad de Humanidades, se ha desarrollado un estudio sistemático orientado a analizar la discriminación de indígenas, migrantes y violencia de género en el territorio chaqueño. Este Centro elaboró el “Protocolo de actuación en casos de violencia de género” (Res. No 193). Oportunamente, se presentó el Mapa Nacional de la Discriminación en 2018 ante el INADI. Se aprobó también la “Especialización en Educación en Género y Sexualidades” a cargo de la Facultad de Humanidades y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) de dicha Unidad Académica y la Universidad Nacional de la Plata (Res. No 838).
La UNNE cuenta además con el Protocolo Institucional ante situaciones de discriminación y violencias de género u orientación sexual (Resolución Nº 1098/18), que rige para todo el ámbito de la Universidad, desde fines de 2018.
Y en cuanto a experiencias asociativas, la Universidad Nacional del Nordeste junto a los Ministerios de Gobierno y de Salud de la provincia del Chaco, desarrollaron el protocolo único de examen por delitos contra la integridad sexual, para toda la provincia plasmado en la Res. 1004/14. Asimismo, suscribió al convenio marco con el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, para implementar la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana dirigida a personal policial a través del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, como ciclo de complementación para los técnicos en seguridad pública y ciudadana egresados de la Escuela de Oficiales de Corrientes mediante la Res. 728/13. A nivel docente, miembros de la UNNE participan del Grupo de Trabajo CLACSO “Seguridad en Democracia: un reto a la violencia en América Latina”.
La obtención de datos y una propuesta democratizadora
Las provincias que participan en este proyecto de investigación a través de sus nodos universitarios comparten una base de datos homogénea, de la cual toman la información a analizar, a través del Sistema Nacional de Información Criminal SNIC dependiente de la Secretaría de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Las jurisdicciones aportan mensualmente una planilla SAT Homicidios, entre otras, que relevan datos primarios de información relevante de homicidios dolosos en general.
Los datos a analizar de manera preliminar son relevados por las policías provinciales en todas las jurisdicciones que serán estudiadas. En los casos de Corrientes y Chaco, así como Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, existe una participación además del Ministerio Público Fiscal.
Cabe señalar que en la actualidad no existe un sistema de información público y oficial sobre los casos de femicidios. “Existen en su lugar diversos relevamientos de datos provenientes del Poder Judicial de la Nación o de organismos no gubernamentales que permiten un acercamiento preliminar pero diverso a la dimensión cuantitativa de la problemática”, explican desde el equipo de investigación.
Por todo ello, proponen entonces que a partir de este trabajo se pueda avanzar en la elaboración de una base de datos con el objetivo de producir fuentes primarias. “Ello constituirá una experiencia original y superadora que pueda estar disponible no solo para los investigadores del proyecto, sino que pueda ser un insumo a través de la Agencia I+D+I con actualización constante”, aseguran.
La publicación de estos datos en una página web de la Agencia I+D+i y en las ya existentes en cada universidad o centro de estudios participantes, “permitirá democratizar el acceso a datos sobre este flagelo”, resaltan conscientes del valor de este trabajo y la importancia de avanzar con la visibilización de información relacionada.
El impacto de la investigación
Si bien este proyecto de investigación cubre aproximadamente el 30 % de la geografía del país, sus resultados impactarán en todo el país. El conocimiento que surja del trabajo podrá ser tomado para la definición de futuras políticas públicas.
Es que el presente estudio tiene impacto directo en la institucionalidad de cada jurisdicción. “Las políticas públicas serán también impactadas por los logros de este estudio científico. Durante mucho tiempo se debatió sobre la realidad disociada de la política y sus políticas con la ciencia. La toma de decisiones basadas en evidencia es más que una simple exigencia en el área de seguridad; es la posibilidad que las políticas sean transformadoras a partir de la medición científica de la realidad. Transformar las condiciones de riesgo de femicidios significa salvar vidas”, afirman los científicos y científicas que trabajan en este proyecto.
Pero también, desde el equipo investigador proponen utilizar la información resultante, para nuevas gestiones preventivas para el tiempo de post pandemia.
Por último, este trabajo puede sentar las bases para futuras investigaciones, como por ejemplo una en la que se analicen los factores que pueden incidir en la conducta criminal de una persona expuesta a un femicidio y las situaciones circundantes.
“Todo femicidio tiene consecuencias sociales que se expresan de diversas maneras. Entre ellas, los entornos sociales más cercanos, los familiares y de vecinos, se ven indirectamente afectados no solamente por la muerte violenta de una mujer sino también por el confinamiento y el distanciamiento social propuestos para evitar el contagio de Covid-19”, señalan.
Las “víctimas invisibles» como hijas e hijos, hermanas y hermanos, padres y madres, vecinas y vecinos, familiares directos, “son parte del episodio criminológico de la violencia letal en el cual el aislamiento es parte integrante”, agregan y afirman que atendiendo esta arista del fenómeno, la Red desde su complementación de disciplinas e instituciones “puede generar aportes para la integración de las víctimas invisibles al estudio de los femicidios”.
Así, “la visión ampliada de la cuestión puede llevar también a analizar factores de riesgo que pueden incidir, en el futuro de largo plazo, en la conducta criminal de una persona expuesta a estas situaciones críticas”, aseguran los investigadores e investigadoras comprometidos/as con este proyecto.
